Cuando un tribunal regional alemán y diferentes jueces belgas echan atrás peticiones de extradición procedentes de instancias judiciales españolas, la explicación que suele ataviar los recelos, traducidos en otras obscuras negativas, es la inexistencia de separación de poderes en nuestro país.

Y, por ende, el valor de sentencias emanadas de tribunales españoles con adherencias políticas. Consideran que, en nuestro país, la larga mano del Ejecutivo interfiere en decisiones de jueces y fiscales.

Esto sirve para que buena parte de nuestra opinión pública se desquicie ante interferencias ajenas a nuestra jurisdicción y a la esencia del estado de Derecho, que consagra la separación de poderes en la Constitución.

Cuando, cada cuatro años, llega el momento de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano garante de la independencia judicial, y la presidencia del Tribunal Supremo, los escandalizados por los reveses provenidos de magistraturas extranjeras reparan en la causa que puede conducir a ese incómodo aserto, injusto e interesado.

No por ello cabe desconocer que el reparto del poder judicial sirve en bandeja el estrépito, pues se trata de un pacto entre dos partidos, para prorratear las veinte vocalías de la institución, entre magistrados conservadores y progresistas.

El reparto del poder judicial sirve en bandeja el estrépito

Resulta, entonces, indiferente que los vocales del Consejo los elija directamente el Parlamento o lo hagan las asociaciones judiciales ya que, como se ha visto en sucesivas votaciones y elecciones, existe una ceñida correspondencia entre el PP y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y el PSOE y Juezas y Jueces para la Democracia. Con lo cual, el resultado es prácticamente el mismo.

Este contexto alimenta el estado de sospecha permanente en virtud del cual la institución está al servicio del poder político ya que resulta muy difícil negar amistades y filiaciones. Y de ahí a la discrecionalidad el trecho es muy corto.

Pero hay algo más, y es la insatisfacción de los jueces no alineados, los que no entran en el bombo del entono, lo cual alimenta dudas sobre la imparcialidad del árbitro y, de paso, de la independencia judicial.

Habida cuenta que prácticamente la mitad de los jueces no están asociados, sería preciso articular un sistema en el que estos participaran efectivamente en la elección y designaran también a la mitad de los vocales del CGPJ. Ese es el auténtico reto democrático en el gobierno del Poder Judicial pues los grupos políticos están alejados del mismo, con excepción de Ciudadanos, que se ha negado a ser comparsa de esta sinecura.

Lo que ha sulfurado a muchos es que el pacto crepuscular, entre partidos que se detestan, no recoja la realidad que evidencia el arco parlamentario, al limitarse a la perpetuación del bipartidismo, con alguna concesión posible y pendiente al único partido que, de momento, acompaña al Gobierno en su travesía presupuestaria. Los mismos que se manifestaron ante el Supremo, al día siguiente de la sentencia cauterizada.

La insistencia negociadora de los populares, dispuestos a desigualar el empate con tal de sacar adelante el nombre del presidente, desprende la sensación de desvestir un santo para vestir a otro.

En todo caso, estamos ante otro error, porque resulta insostenible que los conjurados ya hayan designado al que va a ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuando ni tan siquiera están elegidos aquellos que, constitucionalmente hablando, son los únicos que podrían elegir a dicho presidente en una votación independiente, no sometida a los partidos políticos.

La percepción que desprende todo ello presenta dos caras. Una, la selección del presidente de la Sala Segunda, lo que supone apartarle del enjuiciamiento del procés que le correspondería presidir. Y la otra, al tratarse de un magistrado muy respetado, su encumbramiento infiere una inyección de prestigio a uno de los pilares del Estado, tras el desgaste que le ha supuesto el pasado reciente.

El tiempo dirá si la insistencia en coronar al candidato transversal; un magistrado canario, licenciado en Deusto y doctorado en La Laguna; se trata de una piadosa decisión para la estabilidad o, por el contrario, estamos ante un nuevo movimiento táctico que puede dejar inerme un flanco esencial, después de Maza, Romero de Tejada y Ramírez Sunyer.

Sin menguar la idoneidad del sucesor, según marca el escalafón ¿se trata de otra concesión gubernativa ante el torpedeo a la Sala Segunda, que practica la defensa independentista, avistando el horizonte del recurso a Estrasburgo? ¿el reparto del botín y la distracción adyacente podría afectar a la imperiosa imparcialidad?

La “imposibilidad” de cambiar el sistema de elección del CGPJ “al no existir consenso entre las fuerzas parlamentarias”, es una debilidad estructural del sistema, porque supone dar argumentos a quienes siguen instalados en la eterna falacia de los resquicios franquistas.

La “imposibilidad” de cambiar el sistema de elección del CGPJ “al no existir consenso entre las fuerzas parlamentarias”, es una debilidad estructural del sistema

Cambiar la forma de elegir al poder judicial aparece como una urgencia inaplazable, de la misma manera que lo es el reintegro del crédito. Y una prioridad democrática, tras las sentencias polémicas (manada, hipotecas) que han favorecido descabalar, de alguna manera, lo que era indiscutible, el aval del Supremo al imperio de la ley

Resulta inaceptable que tribunales de países socios y aliados pongan en cuestión decisiones de tribunales españoles. Pero hay que entender que esa especie de leyenda negra nos la hemos ganado a pulso, con errores imperdonables. Y eso que ya estábamos avisados, cuando en 2016 la relatoría del GRECO (grupo anticorrupción del Consejo de Europa) recordó al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Esta advertencia es cristalina, no deben ser los partidos políticos los que elijan a los miembros del poder judicial.

Hay que establecer un criterio, objetivo y pormenorizado, de puntuación de los méritos y de la capacidad para acceder al Tribunal Supremo y a los puestos relevantes de la carrera judicial, con especial énfasis en las exigencias que tienen que ver con el criterio de antigüedad. Eso supone cambiar los méritos acordados hasta ahora por el Consejo y considerados por los desafortunados como abstractos e indefinidos.

La primera autoridad judicial que resulte de esta elección como relevo del actual presidente, caracterizado por haber gobernado el poder judicial con absolutismo, tiene la tarea inmediata de devolver el respeto a jueces y tribunales, así como galvanizar la puesta en marcha del cambio que ponga fin a un error sistémico, que puede tener consecuencias infaustas, dada la sensibilidad creciente hacia las cuestiones formales, como se ha visto en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Iniciar la reforma que conduzca a un Poder Judicial independiente; con lo que eso supone como verdadera y única garantía de un Estado democrático de Derecho; priorizando la subsanación de errores, es objetivo insoslayable para ganar el respeto de la ciudadanía y de la biosfera judicial.

Artículo publicado en La Vanguardia.