El Supremo ha avalado el 155 ante la “gravedad extraordinaria” de lo ocurrido. La sentencia de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de 20 miembros del Parlamento de Cataluña contra el Real Decreto por el que el Ejecutivo cesó al Govern.

El Parlament ha aprobado una comisión de investigación sobre la Monarquía, apoyada por Junts per Catalunya, Esquerra, los comunes y la CUP. El objetivo es investigar a personas vinculadas a la Familia Real, incluidas sus presuntas gestiones para “forzar el traslado del domicilio social de bancos, empresas y multinacionales” durante el otoño de 2017, cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre y se proclamó la república fallida. Paralelamente, busca indagar las “estructuras de corrupción” y a personas relacionadas”.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre los mensajes, difundidos en redes sociales contra la secretaria judicial Montserrat del Toro, que declaró ayer como testigo en el juicio del ‘procés’. Diversas cuentas de Twitter difundieron la fotografía de Del Toro junto a “indicaciones que pueden facilitar su localización” y “textos de naturaleza claramente ofensiva y vejatoria, que incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona”. Podrían constituir delitos de obstrucción a la justicia, descubrimiento y revelación de secretos e injurias con publicidad a funcionario público. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, señala que “determinadas personas y colectivos radicales” han publicado su fotografía pese a que el Tribunal Supremo ordenó que declarara sin que se divulgara su imagen, y ordena a los Mossos d’Esquadra que “identifique” a los autores materiales de esos mensajes y que les tomen declaración “en calidad de investigados”. La policía autonómica deberá remitir los atestados a la Fiscalía, que “ejercerá las acciones correspondientes”.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, señala que “determinadas personas y colectivos radicales” han publicado su fotografía pese a que el Tribunal Supremo ordenó que declarara sin que se divulgara su imagen

El defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué, se ha posicionado en Twitter en favor del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y contra el ex delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. “Por lo que sabemos, tú sí que mientes y manipulas los vídeos Enric Millo”. Mucho nerviosismo secesionista “tous azimuts”.

Se ha abierto la decimotercera jornada con la testifical del que fuera jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña durante los meses del ‘procés’, en la actualidad jubilado, Sebastián Trapote.

En respuesta a la Fiscal Madrigal ha asegurado: “Sabíamos que el 1-O iba a ser complicado. Había que conjugar dos factores: garantizar la seguridad colectiva y dar cumplimiento a un mandato judicial. Era una misión difícil y complicada”.

“Los incidentes ‘más significativos’ fueron los del día 20 de septiembre de 2017” Trapero “no admitía que un responsable del Ministerio del Interior fuera el responsable del operativo”. Trapote recuerda las críticas del (fallecido) fiscal José María Romero de Tejada al plan presentado por el jefe de los Mossos. Pensaba Romero de Tejada: “Es para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de la envergadura que va a requerir un referéndum declarado inconstitucional”.

El ex comisario Trapote ha dicho que su información procedía de “fuentes abiertas, redes sociales, y medios de comunicación”. Y añadido: “Había un llamamiento de los miembros del Govern y de asociaciones independentistas para que el día del referéndum acudiera el personal, de manera masiva, a los colegios para bloquear la entrada e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que se llevara cabo”.

El testigo se ha referido a la instrucción del fiscal, dirigida exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, en la que se les pedía “auxiliar” a los Mossos porque es quien tenía “prioridad” para ejercer las competencias en seguridad ciudadana en Cataluña.

Sobre las reuniones operativas en la Delegación del Gobierno, el ex jefe superior afirma que él asistió a “todas” las reuniones, mientras que Trapero, no lo hizo. En su lugar acudió su número dos, el comisario Ferrán López.

A propósito del acoso a los policías en los hoteles. “En las inmediaciones se personaban multitud de personas del mundo independentista para protestar por su presencia. Llegaron a amenazar por teléfono a los dueños de los hoteles. A los policías les gritaban, les chillaban, no les dejaban descansar”.

El ex jefe superior afirma que él asistió a “todas” las reuniones, mientras que Trapero, no lo hizo. En su lugar acudió su número dos, el comisario Ferrán López.

Ha alabado la “colaboración” de Ferrán López, pero ha afirmado que no conocía el dispositivo preparado. “Si necesitaban apoyo, se lo íbamos a dar pero no pidieron ningún apoyo. En una ocasión el responsable de Interior, Joaquim Forn, dijo públicamente que no haría falta ningún apoyo ni que viniera ningún operativo de fuera”.

Sobre el 1-O, el testigo ha señalado: “Había que tener una especial sensibilidad, había que garantizar la seguridad colectiva y por otro lado dar cumplimiento a un mandato judicial. Teníamos previsiones de que nos íbamos a encontrar muchas dificultades para dar cumplimiento a ese mandamiento, de impedir el referéndum ilegal. El fiscal nos dijo que estuviéramos preparados por si había que actuar en sustitución de la policía autonómica”.

La vigencia o no de las instrucciones de la Fiscalía es uno de los elementos a debate en el juicio. Trapote ha asegurado que “en ningún momento entendió que las órdenes del fiscal dejaran de estar vigentes después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó impedir el referéndum. “En el auto dice que cesen, pero no dice que queden sin efecto y sin valor”. Las defensas alegan que, cuando el TSJC tomó la iniciativa en el asunto, todo lo ordenado por el fiscal hasta entonces quedó derogado. La fiscal pregunta si la previsión ante el 1-O era de “riesgo”. “Contemplábamos un escenario muy difícil y complicado”.

Quien dirigía a la Policía Nacional en la jornada del referéndum ilegal, ha explicado con detalle el operativo para el 1-O. “Preparamos un gran despliegue de las unidades de intervención policial y seguridad ciudadana”. El objetivo inicial era dar “apoyo” a los Mossos, aunque en caso de “inacción”, pasarían a actuar en sustitución de la policía autonómica. Dice que las sospechas sobre los Mossos se constataron “el día 1 por la mañana”. Su declaración confirma, casi en idénticos términos, las respuestas que dio Pérez de los Cobos en su interrogatorio.

“Nos dijeron que los efectivos de policía autonómica eran prácticamente para unas elecciones normales. Y además no son de unidades antidisturbios, sino efectivos de seguridad ciudadana, patrullas”.

“A primera hora (sobre las 7.00-7.15) del 1 de octubre, llamé al coordinador y le informé de los datos que poseía y que me habían contado los funcionarios desplazados a los centros de votación. Me dijo que me llamaba en un momento, que iba hablar con el secretario de Estado de Seguridad. Teníamos dos planes, el a) colaborar con la policía autonómica y el b) sustituirlos y hacer nosotros la intervención. Y en ese momento decidimos sustituirlos”. Ha añadido que no mantuvo ninguna comunicación con Trapero, “yo me dirigía al coordinador De los Cobos”.

Continuando con la narrativa del referéndum: “A veces era más complicado salir que entrar en los colegios. Los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, enrabietados y las reacciones eran más violentas y las unidades se tenían que emplear de una manera más fuerte que a la entrada, no podíamos consentir que nos rodearan y nos bloquearan y no nos dejaran salir. En los centros de votación había una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia. Esto estaba todo perfectamente organizado. No eran cualquiera, estaban llamados por las redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban, nos agredían…”.

“En los centros de votación había una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia. Esto estaba todo perfectamente organizado. No eran cualquiera, estaban llamados por las redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban, nos agredían…”.

A preguntas de la Abogada del Estado, Rosa Seoane, el ex jefe superior de Policía ha confirmado que “la policía autonómica estaba inactiva”, al tiempo que ha narrado la elevada concentración de ciudadanos “en las inmediaciones de los colegios”.

En respuesta al letrado de Vox, ha afirmado que hubo un total de 65 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y casi todos fueron como consecuencia de practicar entradas y registros. Los mossos hicieron seguimientos a los antidisturbios: “Informaban de cuando salíamos, cuando entrábamos…Su dispositivo estaba enfocado a salvaguardar la seguridad colectiva y no tanto a cumplir la orden judicial. Era imposible que asi pudieran hacer cualquier tipo de intervención dentro de un colegio”. Ha definido la actuación más como “pasiva” que “obstructiva”.

A preguntas de Melero, uno de los abogados más incisivos, el comisario Sebastián Trapote ha explicado: “Había ancianos y algunos niños, pero principalmente había individuos con comportamientos violentos contra los cuerpos de seguridad. Estaban perfectamente organizados” A la pregunta: ¿Los informes de inteligencia se compartían con otros cuerpos?” Trapote ha respondido: “Hacíamos análisis pero no se los pasábamos a la policía autonómica, sí intercambiábamos información que estaba en los informes”. En respuesta al abogado van den Eynde: «Trataban por todos los medios que no pudiéramos entrar a los centros y retirar las urnas. En definitiva, impedían cumplir el mandato judicial». Le ha preguntado si en algún momento intentaron mediar. “¿Mediar? ¿Con quién? ¿Cómo vamos a mediar si la resistencia era brutal? No había nadie allí que quisiera mediar”.

El abogado Pina ha preguntado por los policías alojados en hoteles de Figueres, Reus y en localidades del Maresme. El comisario Trapote ha relatado: “Estaban siendo objeto de hostigamiento por ciudadanos y grupos independentistas o radicales para hacerles cualquier tipo de escrache, impedirles el descanso y decirles que se fueran de allí”. Y a propósito de una concentración de apoyo a los antidisturbios, Trapote ha señalado: “Algún representante del Partido Popular fletó un autobús con personas afines para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Sobre los “procedimientos” abiertos en los juzgados para “determinar si los policías conculcaron o vulneraron derechos de algunos ciudadanos”. El exjefe superior de Policía de Cataluña admite que “de los 50 procedimientos, hay 17 que se han archivado y hay ya cuatro sentencias absolutorias”.

El abogado Solà le ha preguntado sobre la cadena de mando del dispositivo del 1-O. Esa información tiene trascendencia también para una causa distinta del juicio del procés: la investigación que el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona mantiene abierta contra decenas de mandos y agentes de la Policía por excesos en la actuación policial. Los abogados de los ciudadanos heridos están teniendo problemas en esa causa para recabar toda la información necesaria sobre la cadena de mando y la presunta atribución de responsabilidades a altos mandos.

En relación con el registro fallido en la sede de la CUP, el abogado de Cuixart le inquiere: “¿Ordenó usted aquella actuación?” Su respuesta ha sido: “Entre las instrucciones de la Fiscalia figura la intervención e incautación de material propagandístico sobre la votación del referéndum del 1 de octubre. Se estableció un servicio de vigilancia en las inmediaciones de la CUP por tenerse fundadas sospechas de que en el citado local podían guardar o almacenar una cantidad importante de propaganda de este tipo: carteles, banderolas, pasquines, etcétera. Se estableció el correspondiente dispositivo y los funcionarios observan, y así está documentado, la salida de personas portando bultos y papelería”. Ha añadido que “los agentes dejaron que el vehículo se alejara del lugar y lo interceptaron. Al registrar el coche encontraron “una cantidad importante de publicidad y de propaganda sobre el referéndum del 1 de octubre”.

Ha explicado que pusieron en conocimiento de la Fiscalía la incautación de carteles y pidieron una orden judicial para entrar en la sede ante las “fundadas sospechas” de que, si se había sacado material en un vehículo, “pudiera haber más en el interior”. Trapote ha explicado que se aseguró la sede: “Para evitar que sacasen más material o lo hicieran desaparecer, con unidades antidisturbios. La espera se prolongó durante varias horas” y, finalmente, el mandamiento de entrada y registro fue denegado. Alrededor de las 19 horas, se levantó el servicio”.

El siguiente llamado a declarar ha sido el teniente general, Ángel Gozalo Martin, jefe de la Guardia Civil en Cataluña cuando se celebró el referéndum. Le interroga el fiscal Fidel Cadena.

Ha relatado que criticó el “plan Trapero” porque era acorde con “una celebración convencional de elecciones, pero no con un referéndum “ilícito” que había que impedir. Y le solicitó que lo mejorara.

El teniente general Gozalo recuerda los “talleres” que se impartieron en los colegios electorales para “defender” el referéndum. “Eso de defender es, si se me permite, un lenguaje prebélico ¿defender de qué?”, se ha preguntado. “Se había dicho el 6 y 8 de septiembre que había una ley del referéndum y otra de transitoriedad. Había gente que con la concatenación y persistencia de los mensajes tenía dudas de dónde estaba la legalidad”.

El teniente general Gozalo recuerda los “talleres” que se impartieron en los colegios electorales para “defender” el referéndum. “Eso de defender es, si se me permite, un lenguaje prebélico ¿defender de qué?”, se ha preguntado.

“Estábamos viendo que los colegios estaban ocupados. Y veíamos una presencia de los Mossos que no era suficiente. Esto se reafirma el día 1 a horas tempranas”. La presencia de los Mossos era escasa y con ‘una equipación poco adecuada’: eran patrulleros y no agentes antidisturbios”.

Sobre la vigilancia a la Guardia Civil hay varios momentos en que se pudo constatar: “En Lérida, en la sede de la Comandancia, en la explanada donde se puede aparcar, había uno o más vehículos de Mossos tomando referencia de las salidas y movimientos y emitiendo nuestros movimientos”.

Ha preguntado el fiscal: “¿Observaron murallas o muros humanos?”. Gozalo ha detallado que encontró “Un número considerable de personas” frente a los colegios, en actitud de resistencia. Estaban sentados o bien obstruyendo el acceso único. Pero luego esa resistencia mutaba en un grado mayor con empujones, insultos, lanzamiento de objetos”.
El teniente general ha admitido que en varios supuestos se abortaron las intervenciones por la presencia de multitudes y las complicaciones para la seguridad. “La Guardia Civil realizó 71 intervenciones el 1-O. De ellas, en unas 20 tuvieron “un nivel de incidencia algo menor” y en el resto hubo más “contundencia” de los ciudadanos que se les oponían y se vieron “obligados a dar una respuesta más determinada”. Gozalo ha hablado de 55 guardias afectados por contusiones y lesiones. Cinco de ellos “necesitaron atención médica” y “causaron baja”.

El teniente general Gozalo ha señalado que: “Se le tenía ganas a la Guardia Civil porque estaba llevando a cabo su trabajo como policía judicial”.

Ha relatado que había “sombras de duda” sobre los Mossos antes del 20-S: “Su ‘no presencia’ en los colegios, o una presencia ‘inadecuada’ fue una constante durante la jornada del referéndum. Podía deducirse que estaban como si fuera una elección normal, dando seguridad a la cola, que no hubiera ninguna complicación. Los únicos que alteraban ese clima de normal jornada era la Guardia Civil, que iba allí a cumplir la orden judicial”.

A preguntas de Vox, sobre la existencia de enfrentamientos entre mossos y guardias civiles, el día del referéndum, el testigo ha confirmado que le “consta” que hubo algunos incidentes de ese tipo.

El letrado Melero le ha preguntado sobre el precinto de colegios y Gozalo ha afirmado: “La Guardia Civil no precintó colegios antes del 1-O porque hubiera sido una “interferencia no amistosa en las competencias del cuerpo con el que estábamos trabajando en una misión”.

El teniente general Gozalo ha confirmado: “La Guardia Civil investiga el procés desde 2014, ya desde antes del 9-N famoso, tenemos historia, historia, historia acumulada y mucha inteligencia básica, claro”.

El letrado Jordi Pina ha preguntado al teniente general Gozalo sobre la imagen de un guardia rociando con espray a unos ciudadanos ante el Ayuntamiento de Aiguaviva (Girona). “Esto no es gas pimienta; en la dotación de las unidades especiales de control de masas tienen un espray de defensa personal, no gas pimienta, un espray pequeño, para distancias cortas, que según como vaya el aire le puede repercutir al agente que la usa. Esta es una herramienta más de esta horquilla de posibilidades, de las que tiene que hacer un uso proporcional. No me consta ninguna denuncia de ningún ciudadano sobre este asunto, y mucho menos sobre gas pimienta”.

El turno es para el examen de Manel Castellví, ex Comisario General de Información de los Mossos, a quien interroga el fiscal Zaragoza. Empezando por los CDR. “Los detectamos por primera vez en junio de 2017 por redes sociales, pero tenemos constancia de que el primer CDR, que era el Comité de Defensa del Referéndum, es de abril. A partir del 1 de octubre, pasaron a llamarse Comités de Defensa de la República”. Teníamos constancia de 42”.

Castellví destaca el perfil ‘heterogéneo y transversal’, personas del ‘tejido asociativo’ catalán. “Había desde personas más próximas a la ANC hasta gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la CUP… eran grupos “heterogéneos” cuyo objetivo era promover el referéndum”. A medida que nos acercábamos al 1 de octubre, el número de CDR cada vez era más numeroso. Y sobre todo en septiembre, en que hubo en Cataluña 300 manifestaciones o concentraciones, los veíamos cada vez más presentes. En esa primera época, los 42 CDR eran grupos que buscaban propiciar el referéndum, desde una chocolatada hasta una asamblea. No veíamos una organización aún”

Ha preguntado el fiscal Zaragoza: “¿Detuvieron ustedes a alguien el 20 de septiembre?”. “Se denunció a dos personas, en concreto las que habían robado esas mochilas”, recuerda Castellví. “¿Tomaron declaración a Cuixart o Sànchez?”. “No”, responde Castellví.

El fiscal ha preguntado a Castellví por el dispositivo de los Mossos para impedir el referéndum. “Se elaboró un plan de actuación y se tuvo que variar en la cuantificación de efectivos”. El comisario, que ha echado muchos balones fuera, ha admitido que “no” cerraron ningún centro y que tampoco incautaron material. Ha explicado que hubo un “llamamiento masivo” a través de redes sociales para ocupar los colegios. “Aproximadamente trabajamos unas 11.000, de las cuales 7.800 estaban destinadas específicamente al operativo”. Ha insistido el fiscal “¿Utilizaron los antidisturbios?”. “Creo que no”. Ha preguntado Zaragoza “¿Este dispositivo era suficiente?”. Castellví esquiva dar una respuesta tajante: “Dentro de la orden de trabajar conjuntamente, eso se había despachado en las reuniones de coordinación”.

A la pregunta de Zaragoza: “¿Le consta cuál fue la actitud de las parejas de Mossos (los binomios) el 1-O?”. Castellví ha respondido: “Su misión era dialogar, mediar con los concentrados, intentar el cierre de los locales, lo que se consiguió en 24, en los que no se constituyó el centro a primera hora”.

Castellví ha negado que se haya hecho espionaje a Guardia Civil y Policía el 1 de octubre. “Los mossos tienen obligación de trasladar las novedades que se van sucediendo. Si aparece un vehículo de Guardia Civil o Policía, pues igual como si aparece una ambulancia, el CECOR (centro de mando de Mossos) era informado de seguimientos. Nunca se dio esa orden ni me consta que se hicieran”. Ha repreguntado Zaragoza “¿Se dio la orden de consultar matriculas de vehículos camuflados de GC?”. Castellví: “Lo desconozco, que se hagan comprobaciones de matrícula puede ser, pero si sabes que son de Guardia Civil no es necesario”.

Castellví ha negado que se haya hecho espionaje a Guardia Civil y Policía el 1 de octubre.

El comisario Castellví ha explicado que se le pidió un informe de “escenarios” del 1 de octubre ” Los analistas hicieron una proyección de “qué podría pasar” desde diferentes ámbitos: soberanista, independentista, extrema derecha…” El fiscal ha preguntado por el contenido del informe relativo a las posibles reacciones del “independentismo revolucionario”. Y Castellví ha respondido: “Nuestra preocupación en aquel momento era que personas de ese ámbito entraran en las concentraciones de colegios”.

Ha recordado Zaragoza el informe de Mossos en el que se hablaba de una posible escalada de violencia a los que Castellvi responde: “El día 28 prevemos que haya una llamada que siempre hemos considerado pacífica de resistencia pasiva, de concentración en los colegios de personas transversales, heterogéneas, pero con un clima de no violencia. Ese es el panorama que compartimos”.

El fiscal ha preguntado por la reunión, 28 de septiembre, entre los mandos de los Mossos y la cúpula gubernativa: Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, en el Palau de la Generalitat. “Se trataba de trasladar la grave preocupación que había en el ámbito de la seguridad ciudadana y del orden público. Aunque los llamamientos eran pacíficos, había un clima que podía acabar en una escalada de violencia. Informo de que había una gran movilización, que habría llamadas para ir a los colegios, que sería una participación muy cuantiosa. Y del hecho que, aunque se está llamando a las personas para que se comporten de manera pacífica y sin ninguna violencia, este hecho no quita que, cuando la fuerza vaya a actuar, esa actitud pasiva de esos grupos se pueda transformar en activa”.

Los mandatarios, según Castellvi: “mostraron su contraria posición a algunos comentarios que se habían hecho de dar sensación de normalidad. Forn no habló. Junqueras entendía nuestra posición, la sensación es que efectivamente el Govern quería seguir adelante con la iniciativa. Puigdemont dijo que comprendía la situación pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referéndum y que había una decisión del gobierno de llevarlo a cabo. Esta respuesta…me dejó un poco frustrado. Les dije: Miren el 1 de octubre, a las 9, se va a dar una situación en la que habrá unas personas de una manera determinada, pasiva o no, colegios ocupados, fuerzas estatales y mossos en el colegio… y eso son dos dualidades antagónicas, unos van a acceder a ese colegio y se va a hacer y los otros se opondrán a esa acción y eso es un conflicto, un desorden. Yo que he vivido muchas manifestaciones salí frustrado porque las consecuencias es que si la escalada de violencia aumenta, todos corren más riesgo”,

A la pregunta del fiscal “¿Les pidieron que suspendieran los actos?” Castellví ha respondido: “Efectivamente, nosotros les dejamos claro que cumpliríamos con el auto de la magistrada, que acataríamos el auto del TSJC por el cual se prohibía el referéndum y, a partir de aquí, esa reunión finalizó”.

Esta declaración podría ser esencial para inculpar a los acusados porque los Mossos avisaron que habría violencia y Puigdemont siguió adelante. El comisario ha dejado a Forn, y en menor medida a Junqueras, al margen de la decisión de llevar a cabo el referéndum ilegal a toda costa y se lo ha endosado al fugado.

La Abogada del Estado ha indagado: “¿Identificaron algún agente capaz de hacer esta movilización?” Castellví: “Cuando hicimos el análisis, lo que más nos preocupaba es que el independentismo radical manipulara esos CDR que, con su poder de convocatoria, iban creciendo poco a poco. El 1-O había unos 42. Hoy son más de 300”

Castellvi ha tratado de defender la labor del cuerpo, sosteniendo que se utilizó la fuerza por parte de los Mossos. Ante la insistencia de la Seoane por saber si estos usaron o no la fuerza, Castellvi ha relatado: “A primera hora del 1-O, antes de que abrieran los colegios, vimos por televisión unas imágenes en la que uno de los cuerpos policiales estaba interviniendo en un colegio. Nos sorprendió un poco porque el proceso establecido que teníamos de actuación era que en caso de que los binomios no consiguieran cerrar los colegios, utilizar o reclamar la ayuda de Policía y GC. Entonces, desde muy temprana hora, se envió un listado con 230 vocales que pedíamos que nos ayudaran”.

La Abogada del Estado, hoy muy activa, ha preguntado: “Lo que ocurrió el 1-O, ¿coincidía con su análisis?”. Y Castellvi que ya no puede hablar a causa de una afonía in crescendo: “No, nos equivocamos todos. Pensamos que la convocatoria iba a ser pacífica. Éramos conscientes de esa dualidad de las fuerzas del estado con los ciudadanos, pero dada la magnitud de lo que finalmente pasó, creo que fracasamos. El dispositivo fue insuficiente”

“No, nos equivocamos todos. Pensamos que la convocatoria iba a ser pacífica.”

La acusación popular de Vox, que empieza a tener más protagonismo en esta fase, ha preguntado: “¿Cuántos mossos resultaron heridos para impedir el referéndum?” Y le ha contestado: “No le sé decir”. Ante la afonía del testigo, el presidente con buen criterio ha interrumpido el interrogatorio. Las defensas preguntarán al comisario Castellvi el lunes.

El equipo de defensa de Jordi Cuixart, encabezado por la letrada Marina Roig, ha presentado un escrito de protesta pidiendo a la sala segunda del Tribunal Supremo que notifique a las partes el calendario completo de las sesiones del juicio oral con designación de las pruebas cuya práctica se prevé en cada una de ellas.