En una sociedad moderna no deben existir colectivos capaces de imponer su voluntad por encima del interés común. Quienes compiten deben someterse a unas reglas comunes y no habrá competencia, en cambio, si son distintas.

La imposición tiene que ver, en unos casos, con el desdén por la competencia, y en otros, con la pérdida de privilegios. Ya se trate de estibadores, taxistas et altri, esa cultura desdibuja la apuesta por modernizar y, así, ganar el futuro, cada día más complejo y apurado.

En los últimos años han aparecido nuevas formas de prestación de servicios, desde llevar comida a las casas, usando para ello gráciles bicicletas, hasta plataformas globales que prestan idénticos servicios en todo el mundo, con componentes comunes y estandarizados. Esto ha revolucionado los sectores en que han irrumpido los nuevos modelos de negocio. La temida globalización.

20180806 Un modelo que se desmorona LSM

Y este es el caso de los taxis que han extendido la huelga por la geografía española. Los taxistas pagaron precios desorbitados por sus licencias y ahora se dan cuenta que su modelo de negocio desfallece por mor de una competencia que amenaza el monopolio. Hay otros que acumulan licencias y contratan a inmigrantes para prestar los servicios en condiciones laborales precarias. Ambos casos, testimonio de un modelo declinado.

Y en el declive, no hacen la autocritica para reconocer que el taxi tradicional, mucho más si el vehículo está sucio y el conductor malhumorado, está condenado a cambiar, pues el nivel de servicio está deteriorado. Vehículos obsoletos, deficiente mantenimiento, urbanidad mejorable y en ocasiones, talante displicente, cuando no mal encarado. Por no mencionar que, en ocasiones, el enfado lleva a algunos a conducir de forma temeraria.

Estas han sido las debilidades que han extraído en su provecho los competidores y con las que han ido seduciendo a pasajeros celosos de la limpieza y el buen trato.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Andrés Betancor, en su disección del problema, ha ido a la raíz del conflicto: “El legislador no ha pensado en cómo garantizar que la prestación sea la mejor para los clientes. Y al tratarse de servicios públicos, es el público el que manda. Las reglas que regulan la prestación del servicio de transporte, como el taxi, son contrarias al mercado. Se ha creado un monopolio legal en manos de los ayuntamientos. Al no tener en cuenta el mercado, la regulación se desentiende de la competencia, lo que ha llevado a la creación de mercados restringidos a aquellos que han obtenido la licencia, con un numerus clausus, por lo tanto, sin libertad ni de entrada ni salida. Y a partir de esta restricción, todas las demás: precios, servicios, actividades reguladas…, todo ello dirigido a eliminar la competencia y justificar precios mayores y peores servicios”.

Conducir un taxi es un trabajo muy esclavo, no en vano se trata de hacerse un hueco, un día tras otro, entre el tráfico, pasar muchas horas al volante y manipular cargas, a veces pesadas, para el cliente.

 

Los visitantes que llegan, atraídos por la efervescencia de Barcelona, donde ha comenzado el conflicto, son el primer contacto con la ciudad, ahora paralizada por los taxistas, que han sido excelentes embajadores de las metrópolis en las que operan, contribuyendo a su vitalidad económica y haciendo de ellas un lugar abierto y acogedor, ya que forman parte de su ADN.

El taxi es un servicio entrañable, que sobrevivirá a las exigencias del futuro. Casi un consultorio sociológico, donde el anonimato invita a la complicidad y a compartir secretos guardados en el fondo del alma. Termómetro de la actualidad, porque el taxista es un metrónomo privilegiado que recibe docenas de visitas cada día, de distintos ámbitos, que le permiten medir el pulso de la vida de la ciudad, las aspiraciones y desesperaciones de los ciudadanos, con un punto de confluencia: la critica a los políticos.

En tiempos electorales, la demoscopia de los taxistas es reconocida por la frescura de sus escrutinios, logrados a base de tirar de la lengua a gente dispuesta a expresar sus preferencias, porque en ese espacio cerrado no le compromete lo que pueda decir.

Han sido taxistas quienes han sacado de apuros a los ciudadanos: una emergencia clínica, el riesgo de perder un vuelo, un parto adelantado, un ataque terrorista. Pero con coacciones y amenazas desgraciadamente la imagen que queda es la de la agresividad.

Y en esta inquietud por la transformación, urgente e inaplazable, empiezan a surgir plataformas que están haciendo una apreciable labor de profesionalizar el taxi ancestral (coches limpios y taxistas evaluados después de cada servicio).

Porque la estrategia de la furia desatada estos días con coches volcados y agresiones a los rivales no parece ser la respuesta más adecuada a problemas que son reales. Bien al contrario, hay que iniciar el viraje hacia el futuro, a través de una discusión serena, con un menú que contenga la gestión de la oferta y el valor de las licencias, la modernización del sector y las condiciones económicas de conductores y propietarios.

La situación actual no es la más adecuada para un servicio público. La opinión publica pensaba que estaba ordenada desde la administración y ha comprobado, con los efectos de la huelga, que son un colectivo capaz de imponer su voluntad por encima del interés común. Esto les ha supuesto una quebranto en el afecto, ganado con esfuerzo a través del tiempo.

La coacción para cerrar el paso a la competencia no es la solución. Tampoco, la coerción a las administraciones y a los tribunales con el apremio “o resuelven como queremos o paralizamos la economía del país”. La administración tiene que sancionar a quienes lejos de cumplir un servicio público, amparados en “el colectivo“, se saltan la ley creyéndose impunes.

La opinión publica, perpleja, está harta de ver activistas, megáfono en mano, encaramados en los coches, amenazando a los que no piensan como la masa que les aúpa. Porque amenazar turistas o inutilizar coches es tanto como golpear a su propio futuro.

Los usuarios, quieren un servicio mejor y más barato y lo que esperan de las distintas opciones es que compitan para prestar el mejor servicio y al mejor precio. La regulación debe cambiar para pensar solo en el mercado, o sea, para garantizar que la prestación sea la mejor para los clientes.

Sin olvidar que las ciudades que compiten con nuestros atractivos turísticos no regatean esfuerzos en desplegar la alfombra roja para seducir a centenares de miles de turistas de todo el mundo, ofreciendo los mejores servicios a los usuarios.

Artículo publicado el 31 de julio de 2018 en Levante – EMV, Información, La Nueva España, La Opinión de Tenerife y La Provincia de Las Palmas y Faro de Vigo.