Ni he quemado mis naves / Ni sé pedir perdón / Lo niego todo / Incluso la verdad / Si es para hacerme daño / Sé lo que me conviene / He defraudado a todos / Empezando por mí /

Lo niego todo.

Joaquín Sabina

Hace unos días, un profundo conocedor de los intestinos de la vida española, con galones acopiados en los últimos cuarenta años, me comentaba que actualmente hay en España, aproximadamente, siete millones de ciudadanos enfrentados al sistema. Es una amalgama de populistas, independentistas, activistas opuestos al régimen del 78, desheredados por la crisis económica… y representan en torno a un 15% de la población española.

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No poner en marcha los drones, para atinar en el discernimiento de este fenómeno, sería un error de bulto, pues se trata, sin duda, de un germen de inestabilidad, de imprevisibles efectos para España, su vida democrática, su economía y su papel en el tablero internacional.

No parece prudente mirar hacia otro lado y dar la espalda a dos millones de catalanes que quieren separarse de España y cientos de miles de vascos, gallegos, valencianos, baleares, etc. que quieren, en mayor o menor grado, la independencia; son los millones de votantes de esos partidos que aspiran a romper el tablero de la Transición, y a quebrar el statu quo. Es imperativo hacer algo.

La sociedad española se encuentra enfrentada en casi todos los ámbitos. Esta fractura viene de lejos pero sus causas no tienen relación con el sistema constitucional vigente, ni con el ordenamiento político del 78; ni siquiera con el enfrentamiento histórico que arrastra España. La causa directa es el desencanto en la gestión de una crisis durísima y el juego persecutorio de bambalinas y plateas que algunos, con precisión demagógica, han diseñado.

Entretanto, el goteo de dimisiones, marchas atrás, acatamientos bajo sospecha, rectificaciones, negaciones de evidencias, cambios de declaraciones, renuncias a seguir en la vida política … han chocado con la desconfianza de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no han dado crédito al cambio de ruedas que podría desprenderse, tras meses de privación de libertad, de las manifestaciones de algunos imputados en graves delitos.

Las circunstancias extraordinarias que concurren en la cuestión catalana la convierten en un peliagudo problema de Estado que requiere, luces largas, mucho tino y profuso rigor. Pero que no es más que el brote virulento de un problema de mayores dimensiones.

Han ido tan lejos como para dar un mero carácter simbólico a la declaración de independencia y negar cualquier intención de alentar la violencia. Lo han negado todo.

En amplias capas de la población española existe un consenso sólido en admitir que los partidarios de la secesión han asestado un golpe al Estado, aunque ni se ha proclamado la independencia ni se ha puesto en marcha la república catalana. También es general la opinión de que el poder ejecutivo ha optado, en lugar de abrir avenidas políticas, por confiar las reparaciones al poder judicial: Fiscalía, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.

Y en este tratamiento del problema radica una de las dificultades para que algunos de nuestros aliados, que son democracias maduras, y una parte de la opinión pública exterior, que quizá tenga excesiva tendencia a desconfiar de los remedios meridionales, entiendan qué es lo que ha pasado para haber llegado hasta aquí. Tampoco entienden qué está pasando, para que algunos políticos elegidos democráticamente sigan encarcelados y para que otros hayan optado por la huida del país, y no tienen ni idea de lo que podrá pasar en ese horizonte judicial de petición de penas cardinales.

Bien es verdad que un gran número de gentes respaldan las providencias judiciales y la aplicación, por parte del Gobierno, con el visto bueno del Senado, del artículo 155 de la Constitución. Pero no se han explicado, ni bien ni mal, las razones que han conducido a esta grave situación. De ahí que nos siga sorprendiendo la inacción en el sensible terreno de la comunicación.

¿Cómo es posible que no se haya emprendido una campaña en medios internacionales, para explicar las razones por las que están procesados, en la cárcel o huidos, estos políticos, la mayoría de ellos elegidos democráticamente en los últimos comicios autonómicos, tras un referéndum ilegal?

Aun sorprende más que, tras ver claramente las posibles consecuencias de una declaración unilateral de independencia, el 47,5% de los votantes hayan elegido esa opción, cuyos líderes niegan ahora todo.

El dislate continúa con el empeño en elegir Presidente de la Generalitat a un exiliado en Bruselas, sujeto a causas judiciales. No es sensato y supone poner el interés de una persona por encima del interés de Cataluña. Y asombra que no se produzca, entre los propios independentistas, un clamor denunciando este sinsentido.

Es una triste situación para todo el país, que no hará sino ampliar esa leyenda negra que deleita a quienes se empeñan en creer y hacer creer que España sigue siendo un Estado autoritario, con una democracia de baja calidad, que no respeta la separación de poderes y que, para colmo, no tiene interés en explicar que esto no es así.

Desde el comienzo del conflicto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tomado, en sede judicial, decisiones relevantes, que marcan los acontecimientos y mantienen una cadencia imparable. Ha reunido bajo un paraguas común todas las causas; ha enervado la euro orden para evitar una devaluación (por parte de instancias ajenas a la jurisdicción española) de los graves delitos cometidos por parte de quienes han huido a la acción de la justicia y ha mostrado flexibilidad en la concesión de la libertad provisional bajo fianza a otros imputados del Govern catalán y a los miembros de la Mesa del Parlamento (incluida su presidenta que pasó una noche en la cárcel de Alcalá).

No han conseguido la libertad, y ni siquiera el acercamiento a su tierra para poder ocupar su escaño en el parlamento, otros imputados, como el vicepresidente de la Generalitat, el ex conseller de Interior y los presidentes de las dos asociaciones independentistas. La negativa judicial es reiterada, a pesar de las declaraciones de presente (aceptación de la Constitución y abandono de la vía unilateral) y de las promesas de futuro (abandono del escaño, en caso de desviación de la conducta ofrecida al juez). A pesar, incluso, de que han ido tan lejos como para dar un mero carácter simbólico a la declaración de independencia y negar cualquier intención de alentar la violencia. Lo han negado todo.

No pueden reformarse las constituciones en caliente. La reforma de una constitución es una operación a corazón abierto para el Estado

Pero el magistrado del Supremo no ha considerado oportuno mostrar condescendencia con las pretensiones de las defensas y lo ha hecho en un auto detallado y terminante.

El goteo de defecciones es previsible que siga, tal vez porque la privación de libertad ha podido ser motivo de reflexión y de toma de decisiones para algunos de los que han pasado por esta experiencia o de los que llevan vagando en Bélgica casi tres meses. Se formará la mesa del Parlament y se constituirá el gobierno de la Generalitat. Y el trámite judicial proseguirá su curso.

Se ha repetido, en cuantas ocasiones ha salido el tema a la palestra, que el sentimiento soberanista es legítimo. Por consiguiente, no cabe perseguir a quienes profesan esa devoción, por muchos errores que hayan cometido o sigan cometiendo. Lo que está en cuestión es el respeto a las reglas del juego, a la legalidad, al Estado de derecho, sin el cual no hay orden social ni derechos individuales.

El reciente testimonio de los tres padres de la Constitución que aún viven, en la comisión del Congreso que se ocupa de la reforma del modelo territorial, se ha saldado con una sorpresa. Apuntan a realizar actuaciones que pueden saldar déficits, reparar grietas, corregir errores, cauterizar heridas y aplicar enseñanzas aprendidas en estos cuatro decenios, pero no consideran urgente ni indispensable la reforma constitucional. Nos parece una buena noticia que no se dé prioridad a la reforma en un momento en que resulta más perentorio reflexionar sobre la forma de acercar al sistema a esos siete millones de españoles que lo impugnan. Esta tarea debe tener preferencia.

No pueden reformarse las constituciones en caliente. La reforma de una constitución es una operación a corazón abierto para el Estado, como abiertas siguen las heridas de un enfermo, España, en una guerra, lejos de acabar. Primero, tendrá que venir la paz y, después, la redacción y ejecución del detalle acerca de cómo prevenir de nuevo la guerra, y, en su caso, las reformas.

El acercamiento no pasa, en nuestra opinión, por quitar importancia a los actos odiosos que han llevado hasta aquí, ni por plantear el indulto de esos posibles delitos, que ni siquiera han sido juzgados. La opinión pública concentra el foco de su indignación en la malversación de fondos públicos, mal ecuménico, cuyo severo castigo nadie va a poner en cuestión y en cuyo escrutinio deben concentrarse los medios de investigación, con un escarmiento inclemente, si se acredita con pruebas sólidas e irrefutables. Y, en tal caso, no harán falta muchas explicaciones a propios ni a extraños.

Pensadores, líderes de opinión, ciudadanos confusos y preocupados, vulnerables y enfadados, hastiados, sin haber perdido combatividad, políticos en activo, tienen la ocasión, por múltiples vías, de contribuir a esta reflexión básica. Cada vez hay más defección a la idea de España, el patriotismo está para muchos pasado de moda y la salvación colectiva parece cada vez más lejana. Tal parece que hemos decidido instalarnos cómodamente en la salvación individual.

Algo estamos haciendo mal y erupciones, como la tentativa soberanista catalana, son reflejo de ello. La autocrítica es forzosa para rectificar. Es una práctica caída en desuso, pero no se puede negar todo, aunque resulte habilidoso para escapar de la realidad.

Artículo publicado el 15 de enero de 2018 en El Independiente.