La euroorden no se ha aplicado correctamente porque “el enjuiciamiento no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación y lo hace desde un posicionamiento desacertado”.

Esa ha sido la respuesta del juez Pablo Llarena a la decisión del tribunal alemán de no aceptar el delito de rebelión para la extradición del líder del proceso independentista, que huyó de España para evitar ser enjuiciado.

Con esta respuesta se trata de acabar con la complacencia. Magistrados hanseáticos, letrados, fugados, encarcelados, medios, políticos, llevan tiempo haciendo indicaciones al Supremo sobre lo que debe hacer. Y el instructor ha tirado por la calle de en medio, tomando decisiones, como corresponde a su magistratura.

20180721 Llarena pide Var

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El juez del Supremo ha rechazado la extradición a la carta que le proponían, ha retirado las euro órdenes y no ha considerado útil plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE en Luxemburgo. Posicionamiento impávido pero arriesgado, que no ha buscado templar gaitas con unos u otros.

No ha aceptado la extradición por un delito menor (malversación de caudales públicos) que contaminaría el procedimiento del resto de los imputados. Y ha retirado la euroorden, por lo que el líder soberanista se tendrá que quedar los próximos 20 años, en uno de esos países, sin poder entrar en territorio español, por riesgo a ser detenido.

Juristas destacados apuntan a la obstinación del juez español al defender la existencia de rebelión en los hechos que fundamentan la petición española y que según los jueces alemanes no comportan violencia “suficiente”. En su opinión, que coincide con la de los magistrados del land alemán, los disturbios catalanes no son equiparables a los que motivan la calificación de delito de “alta tradición”, castigado con cadena perpetua en Alemania.

Pero el juez español está convencido, no se da por vencido e insiste en que, con su decisión sobre la euroorden, el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura legal. Esta afirmación resulta particularmente grave porque implicaría prevaricación. Y remata la imputación: “el tribunal alemán ha actuado incumpliendo el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega”.

Los fiscales españoles se han unido, sin fisuras, a las críticas de Llarena y contienden que el tribunal alemán ha asumido “funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a Ia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles”.

Y de postre, la declaración del president peregrino, a la que el tribunal alemán da “un valor probatorio definitivo, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución (alemán) desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción”.

La respuesta categórica del Supremo y la Fiscalía no deja margen de duda sobre el rechazo frontal a la actuación del tribunal alemán. Y llegados aquí, es de justicia singularizar la coherencia sostenida por la fiscalía alemana en todo este bullicio.

Si alguien hacía cálculos sobre la revocación de las prisiones provisionales, la deflación de las condenas o la disminución de los tipos penales, se tendrá que dar un baño de realidad con la lectura de un auto que no deja lugar a dudas sobre la voluntad de aportar todas las pruebas reunidas, concluir la instrucción y abrir la vista oral antes de que finalice el año.

Y eso que el magistrado de la Sala II del Supremo en su aspérrimo escrito hace referencia a las dificultades que afronta, cuando, en su reprensión al Tribunal de Schleswig-Holstein, considera que éste ha “minado su capacidad como instructor”.

Estamos en un momento especialmente grave para la política y para la justicia. El despliegue de independencia de jueces y fiscales españoles merece reconocimiento, con el que no se muestran de acuerdo los encausados e instancias judiciales de algunos países, socios y aliados, que siguen sin admitir que, efectivamente, ha habido penalti.

Así que, Llarena ha pedido a los responsables del mecanismo de la euroorden, que enciendan el VAR (Video Assistant Referee o videoarbitraje) y que vuelvan a repasar la instrucción minuciosa que ha completado, aunque los procesados y sus consejeros, con la formidable ayuda de los tres jueces de Schleswig-Holstein, lo quieran sacar del terreno de juego.

Artículo publicado el 20 de julio de 2018 en El Independiente.