Hace no mucho, en un aguardo doloroso, uno de los hombres mejor informados del país me pormenorizó el escandallo de los nueve millones de españoles que, a juicio de mi interlocutor, no se sienten tales. Por un momento me quedé sin reacción porque nunca me había parado a pensar cuántos podrían estar en esa disposición, que tan inusualmente abultada parece para un país occidental.

Cuando volví a casa, hice de nuevo el conteo y me salieron más de los que me había anticipado el prócer. Y me volví a quedar asombrado por la magnitud de la anomalía.

No me consta que haya ningún otro Estado en Europa, excepto quizás Bélgica, que esté cada día preguntándose quiénes y cuantos son, qué es lo que realmente quieren y qué estarían dispuestos a hacer para alcanzar sus objetivos. En definitiva, que cuestionen permanentemente la unidad de su patria común y el perímetro del territorio, un contorno que, en el caso de España, tiene una antigüedad de cinco siglos.

Y en esas andamos, viviendo los efectos políticos y judiciales de un intento de golpe de estado, mediante la proclamación de la independencia de una parte de ese territorio, contra la voluntad de, al menos, la mitad de su población.

Así que me he quedado sorprendido con una declaración, a un medio digital, del actual presidente del gobierno: “PP y Cs tienen una forma de entender la unidad de España que divide”. Tal parece que se trata de un sofisma (raciocinio falso), en el que se juega simultáneamente con la unidad y la división. Salvo que debamos entender que lo que genera división no es la forma de entender la unidad de España, sino la forma de entender lo que sea España.

Para los que quieren la soberanía de España limitada por Europa sobre el territorio que hoy tiene, donde parece que se sitúan el PP, Ciudadanos y una parte considerable del partido socialista, no caben múltiples lecturas y solo hay una forma, con pequeños matices, de entenderla. La que figura en el texto de la Constitución, que contó con el apoyo mayoritario de la sociedad española, fruto de ardidas discusiones entre los siete miembros de la ponencia que la redactó, de los cuales dos eran catalanes (procedentes de la Minoría Catalana y del Partido Comunista de España).

El articulo 2 no deja margen al equívoco: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

La fractura, que intentan los que no quieren esa unidad, es justamente contraria a la unidad constitucional. Y de ahí arranca el conflicto que vivimos con pegajosa intensidad.

A partir de ahí, no es fácil y, desde luego, no es legítimo, retorcer el concepto al antojo de cada lector. El empeño de quienes no desean la unidad siempre termina desembocando en modificar la Constitución, justamente con la pretensión de licuar el principio, para ablandarlo en un intento de activar las grietas de la ruptura.

Quienes no están de acuerdo con la unidad tienen, en nuestro país, derecho a manifestar, sin límites, su disconformidad. En otros Estados europeos no es legalmente posible, porque la impugnación de la unidad de la patria está ilegalizada.

Dividen quienes cuestionan la unidad, quienes no aceptan el Estado Nación, que es justamente lo que es España y quienes se empeñan en remarcar sólo las diferencias, rompiendo así la convivencia pacífica entre ciudadanos. Precisamente, lo que viene ocurriendo en Cataluña, impulsado por los apóstoles cotidianos de la partición.

Dice el presidente del gobierno que “el discurso de las derechas (…) ha vuelto a las esencias más conservadoras”. Eso tampoco se acaba de entender bien ¿Defender la unidad de España es conservador? No, hombre! Eso contribuye más al progreso que hacer añicos el tablero. Lo que de verdad es progresista es ceder cada vez más soberanía a la Europa de la que formamos y queremos seguir formando parte. Que lo comente con Macron o Merkel, a ver qué le dicen.

Resulta que hay partidos que rechazan la unidad de España y otros que, a juicio del presidente del Gobierno, con su forma de entenderla, la dividen. En un intento apaciguador, hay quien desea ofrecer a los que quieren la independencia, una reforma de la Carta Magna y un nuevo Estatuto de Cataluña. Pero eso no bastará para contener las infinitas ansias soberanistas. Y resulta cuando menos inquietante que cuestiones tan nucleares como la disolución y convocatoria de nuevas elecciones generales y catalanas, puedan estar, con carácter decisorio, en las manos de un prófugo que tiene por delante un horizonte penal de tal vez veinte años de cárcel.

¿Cómo es posible que casi uno de cada cinco españoles no se sientan tales? Habría que preguntarles por qué no se sienten españoles y que piensan de España y de su Constitución. A su vez, debería hacerse la misma pregunta a los treinta y tantos millones de habitantes que sí se sienten españoles.

Es de esperar que el sentimiento español tenga que ver simplemente con formar parte como ciudadano de un país libre, democrático, justo, plural, responsable con sus habitantes y generoso con los de otros países más necesitados. Ser parte de un pueblo que ha conquistado su libertad, después de una guerra civil y una dictadura, y la ha reconocido en una Constitución que vela por el respeto entre los diferentes y protege la pluralidad, las distintas culturas, el bien social general. Un país de progreso, que trabaja por mejorar su nivel de vida y contribuye con generosidad al bien común, que se siente responsable de la situación europea e internacional y que dedica su inteligencia y buen hacer a la concordia.

Sin interpretaciones partidistas ni conceptos interesados o sentimientos de superioridad o inferioridad, con frecuencia arcaicos o deformados. Tampoco, sin debilidad en las convicciones, vuelta a “lo discutido y discutible”, que lleve a considerar lo esencial como un objeto de negociación y con ello susceptible de ser tratado en el “laboratorio de ocurrencias semánticas”. Y sin olvidar, tampoco, que nuestro país, según el Banco de España, es el líder europeo en desigualdades sociales.

Con estos antecedentes, es inevitable la pregunta: ¿unidad para qué? Y la respuesta: precisamente, para garantizar la libertad de todos los ciudadanos españoles, incluidos los que no se sienten tales. Así de grácil es la democracia, que alberga a quienes zarandean la unidad que protege la ley.

Les recomiendo, dilectos lectores, como lectura de verano, “El orden del día”, la obra de Eric Vuillard, escritor y cineasta, premio Goncourt del pasado año y lección de moral política. En tiempo de caudillos, no existe una verdad precisa, única y excluyente, si bien es cierto que la unidad es un activo poderoso, aunque las partículas estén dispersas.

Artículo publicado el 19 de agosto de 2018 en El Mundo (edición Baleares).