Un principio superlativo del orden jurídico, “afianzar la justicia”, incluye como lógica consecuencia que los tribunales no permitan que los sospechados de cometer delitos graves, continúen haciéndolo durante el trámite de un proceso criminal al que están sometidos.

La Constitución obliga al Estado a proteger a la sociedad del delito. Se trata de proteger a todos los ciudadanos de los daños que ocasionan los delitos, evitando que el procesado reitere su conducta ilícita. Y de un tiempo a esta parte, hay una sensibilidad ambiental que se manifiesta en una descarga informativa en torno a la reiteración delictiva, lo que en la jerga penal venía siendo la reincidencia.

Y es que la potencial reiteración en el delito resulta una razón sólida, probablemente la que más, para mantener al encausado en prisión, aunque no deja de ser un juicio de intenciones sobre conductas futuras. De ahí que nunca podrá ser utilizada como un adelantamiento de pena, sino que debería dictarse para evitar un mal mayor del que genera.

La última ocasión en que nos hemos topado con esta gnosis, esgrimida para la prisión cautelar de ex consellers y presidentes de las asociaciones independentistas, ha sido la lectura del auto del juez Llarena, manteniendo en la cárcel a cuatro destacados protagonistas.

Tema peliagudo ya que tiene que ver con los límites de la privación de la libertad de quién ha sido imputado por la comisión de delitos. Claro que la restricción de la libertad para quien no ha sido aún condenado, es hoy unánimemente aceptada como una excepción a la libertad absoluta durante el proceso penal. Y las limitaciones a este principio se vinculan efectivamente al derecho de la sociedad a ejercer su defensa cuando se vulneran, por medio del delito, valores esenciales de la organización social.

Estamos ante la latente colisión entre el principio de la inocencia, que sólo podrá ser alterado con una sentencia firme condenatoria, y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos en sus derechos elementales para vivir en sociedad.

Estamos ante la latente colisión entre el principio de la inocencia y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos en sus derechos fundamentales

Si el Juez tiene pruebas suficientes para presumir la culpabilidad del acusado e indicios vehementes de que el imputado puede reincidir, cometiendo delitos graves si es dejado en libertad, debe poder dictar su prisión preventiva, por cuanto el Tribunal tiene la obligación de llevar a cabo la finalidad constitucional de “afianzar la justicia”. Se evita así que la eventual pena que el acusado pueda recibir mediante una condena, quede desnaturalizada desde el inicio del juicio.

El juez Llanera es un castellano viejo -meticuloso, adusto y reservado- nacido en Burgos, que se aguerrió en la Ciudad Condal, antes de incorporarse a la Audiencia Nacional. Y conoce bien el paño catalán, pues de sus 28 años en la judicatura, 19 los ha pasado en Barcelona, donde mantiene su residencia, debido a que su esposa, también magistrada, dirige la Escuela Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, con sede en la sierra de Collserola.

De adscripción conservadora, con su retirada de la euro orden ha querido eliminar toda injerencia de cualquier justicia, que no sea la española y no ha tenido empacho en poner límites al examen del delito: «No se puede someter a una persona a investigación o someterla a proceso, por tiempo indefinido. No se pueden hacer investigaciones generales y mucho menos durante ocho o diez años. Excede lo que tiene que soportar una persona en un Estado de Derecho».

Como había sucedido anteriormente con la fiscalía, el magistrado de la Sala II del Supremo ha construido la habitualidad con los datos o circunstancias aportados por la policía judicial o que resulten de las actuaciones. Lo cual no deja de ser controvertido, pues permite que se construya dicha tesis en base a la referencia de un atestado, con antecedentes meramente policiales, lo cual no deja de ser indefinible.

Esto concuerda con la doctrina Maza quien, antes de su muerte, opinó: “No es lo mismo los que están en España que los que están en el extranjero, porque no hay riesgo de reiteración delictiva”. Le parecía, pues, lógica la decisión de la justicia belga respecto a la libertad provisional del president legítim, porque “la reiteración delictiva desde Bélgica no es posible”. Esta perspectiva fue en seguida impugnada por quienes piensan que esta ultima ratio existe en la medida en que el ex president, desde la capital de Europa, vuelca su arsenal habitual sobre la democracia española.

¿La desobediencia equivale a reiteración delictiva? En su auto decretando medidas cautelares, el magistrado Llarena apreció dicho riesgo en todos los encausados, es decir, en su opinión volverán a delinquir si se quedan en libertad. Pero para el instructor no es lo mismo el «peligro» potencial que puede representar la reiteración de la conducta en unos y otros. La de los miembros de la Mesa del parlamento catalán no generó en sí misma «los daños instantáneos, inmediatos e irreparables que sí pueden acompañar a la reiteración de los comportamientos de otros investigados».

El albur no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación (…), sino que exige constatar que la posibilidad de que puedan reproducirse “actos vinculados a una explosión de violencia” haya efectivamente desaparecido o que paulatinamente se vaya confirmando que “el cambio de voluntad es verdadero y real».

En eso estamos. Por ello, el juez ha acordado mantener la prisión preventiva porque, aunque no ve riesgo de fuga, en su entender persiste el de reiteración delictiva, pues “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión de violencia” y dicho riesgo podría tener consecuencias “graves, inmediatas e irreparables”.

Lo que suscita esta cuestión es el enfrentamiento entre la indefinición de la habitualidad y su construcción en base a antecedentes policiales. Se olvida cual hubiese podido ser el resultado de estos y el riesgo de que el encausado en libertad siga en la misma actitud, amparándose en la cobertura que le puede ofrecer la legalidad, pero a la vez prestando su relevante colaboración en una hoja de ruta orientada hacia el mismo e ilegal proceso secesionista.

Y ahí es donde vuelve a surgir la desavenencia. La justificación de la prisión provisional supone realizar una presunción subjetiva de que un sujeto va a volver a delinquir. Todo ello sin la capacidad de entrar en la mente del imputado a fin de conocer sus intenciones.

La justificación de la prisión provisional supone realizar una presunción subjetiva de que un sujeto va a volver a delinquir.

En 2003, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, se adecuó la norma a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que imponía una serie de requisitos a cumplir para evitar la vulneración del derecho a la libertad. En este sentido, se destaca la primacía con carácter general de la libertad frente a la limitación de esta, así como la importancia del principio de proporcionalidad.

Un magistrado, compañero de estudios en los años mozos, me señalaba que al instructor no le es dado penetrar en el fuero interno de los “arrepentidos”, al tiempo que se mueve en el movedizo terreno de los pronósticos, donde reconoce que toda cautela es poca. Nunca es tarea fácil, advertía, decidir sobre la libertad ajena, pero hacerlo desde el centro del escenario ante un público atento al más mínimo desliz, “es tarea de titanes”.

Es cierto que el Juez en estos casos se mueve en el pantanoso ámbito de los pronósticos. Sin embargo, es conocida la prudencia y serenidad del magistrado Llaneras, además de su notable capacidad de trabajo y excelencia técnica. De lo que no puede dudarse es que no ejercerá en este pleito otra función que no sea la de la montesquiana “bouche qui prononce les paroles de la loi.”

Artículo publicado el 9 de diciembre de 2017 en La Vanguardia.