Cabe preguntarse si contribuye a la desinflamación de la cuestión catalana, la decisión de los tres jueces de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior del land de Schleswig-Holstein, que llevan meses examinando la orden europea de detención y entrega cursada por el juez Llarena, la concesión de la extradición del president fugado, por los delitos de malversación de caudales públicos y la exclusión del de rebelión.

Los esfuerzos son visibles por activar todo aquello que rebaje la hinchazón aguda del conflicto, tras la astenia precedente, la moción de censura, la remoción del anterior gobierno, la entronización del nuevo y las secuelas de encarcelados y fugados de la justicia que va acumulando el proceso.

20180717 El proces y la desinflamacionCon diligencia manifiesta e intención destinada a descongestionar el conflicto, el gobierno ha activado el traslado de los presos hacia prisiones más próximas a sus domicilios, se ha celebrado en Madrid el encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat y se han encadenado las primeras reuniones bilaterales entre ambas administraciones.

El siguiente suceso ha sido la publicación de la sentencia de los jueces prusianos, resultado de un examen al Tribunal Supremo español al que han concedido un aprobado raspado. El respeto general al fallo, no significa estar de acuerdo.

En respuesta a la euro orden, los magistrados alemanes han considerado que no se produjo el grado de violencia “suficiente”. Es decir, que la violencia no fue lo suficientemente fuerte, lo cual no deja de ser un juicio de valor.

Tampoco han admitido el delito de perturbación del orden público, que la justicia española había planteado como alternativa. Con ambos mentises, los jueces alemanes dictaminan que el president legitim no es el “líder espiritual” de los actos de violencia y no pretendía la secesión, sino tan sólo “nuevas negociaciones” con el Gobierno español.

¿Quien les habrá contado esta milonga, con lo fácil que hubiera sido ver los videos de la insurrección?

Como premio de consolación, los magistrados han manifestado que confían, sin límites, en la actuación de la justicia española y que el fugado no sufre persecución política, por lo que tendrá en España todas las garantías para tener un juicio justo. Opinión que no comparte el abogado español del fugado que ya ha manifestado su intención de recurrir la extradición por malversación ante el Constitucional alemán, debido a “la falta de garantías para un juicio justo”.

El desarrollo de este asunto ha puesto en entredicho el principio que inspiró la creación de la orden europea de detención y entrega, que era un reconocimiento recíproco de la calidad de los tribunales europeos. Los magistrados alemanes no se habrían atenido al mecanismo y su principio inspirador, lo cual quiere decir que no se compadecería con el espíritu con el que se creó.

Aunque esto suponga abrir una crisis en la UE, España debe plantear con empeño su reforma, esta vez sin la supremacía alemana de la que adolece el actual procedimiento. Es sabido que Europa se ha hecho a golpe de crisis.

Entre las muchas carencias de la Europa vacilante, incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones cardinales, está la asignatura pendiente de la justicia. Hasta ahora, la opción habitual era aceptar la euro orden, siempre que hubiera en la legislación propia un delito similar. Así lo ha entendido siempre la fiscalía alemana, que ha comprendido mejor que sus jueces la naturaleza de este ingenio.

La decisión de rechazar la entrega por el delito de rebelión, basada en una valoración de los hechos que sólo corresponde al tribunal español que habría de juzgarlos, limita la acción de la justicia española y la somete al inevitable descrédito de quienes la están poniendo en cuestión.

La euforia del combo que rodea al protagonista de este drama, tiene un estrambote añadido: los jueces alemanes tienen mayor criterio que los españoles y no hay rebelión, ergo libertad con carácter inmediato para los reclusos. Los soberanistas no van a dejar de insistir para que el gobierno inste la retirada de las acusaciones a los procesados, lo cual resulta impensable.

Para la opinión pública española, el lance no haría sino agravar la desafección europea, pues la decisión alemana coloca a nuestro sistema judicial en un impasse. No es aceptable la descalificación del proceso de instrucción llevado a cabo por el juez del Supremo, que está dando una lección de prudencia, diligencia, solvencia y paciencia, en la gestión del caso más complejo con que se ha encontrado el alto tribunal después del juicio a los golpistas del 23F.

El magistrado, con discernimiento y cordura, se ha limitado a considerar “contrario al principio de confianza recíproca” que el tribunal receptor de la euro-orden entre a valorar los hechos y la naturaleza jurídica de determinadas resoluciones previstas en el ordenamiento español, permitiéndose discrepar de la naturaleza que el propio Tribunal Supremo español ha manifestado que tienen. Más claro es imposible decirlo.

A partir de aquí, la doctrina se divide entre quienes sugieren aceptarla y los que consideran que la dignidad de nuestra judicatura debería llevar a rechazar la entrega bajo esas condiciones, llevando el conflicto al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, para que se pronuncie sobre este conflicto de soberanías.

El rechazo implicaría que el fugado quede bajo la jurisdicción de los jueces alemanes (o los de otros países) durante los próximos 20 años, mientras sus subordinados golpistas son juzgados, y tal vez condenados, por rebelión.

Los pragmáticos del “pájaro en mano”, prefieren una extradición que produzca efectos tangibles inmediatos: condena a unos cuantos años de prisión por malversación y el final de ese altavoz que tanto daño sigue haciendo a España con su insistencia en el franquismo, la ausencia de división de poderes, la existencia de presos políticos, la falta de garantías para un juicio justo y todo lo demás.

En las empresas, el castigo más severo lo reciben quienes incurren en el gravísimo delito del “daño corporativo”. Motivo de expulsión sumaria. Y uno no puede dejar de preguntarse ¿qué recursos de amparo le quedan al Estado para defenderse, cuando se infiere un daño grave y continuado a su reputación?

Un tribunal regional alemán se ha impuesto al Supremo español. Nada como imaginar que una resolución del tribunal supremo alemán, respecto a un prófugo suyo, fuera desautorizada por el tribunal superior de justicia de cualquiera de nuestras comunidades autónomas. De momento, la decisión de los magistrados prusianos altera el tablero del conflicto.

No es aceptable desinflamar, sin reconvenir al president vicario, por su insurrección contra el Jefe del Estado. Lo quiera o no, es el representante del Estado en Cataluña y debe respeto y subordinación al Rey.

Además de aclarar el conflicto de soberanías, hay que esclarecer las reales intenciones de las partes. Esforzarse en el diálogo no equivale a estar de acuerdo con el interlocutor y disminuir la inflamación tiene que ver con la lealtad.

Pronto lo vamos a ver.

Artículo publicado el 17 de julio de 2018 en El Mundo (edición Baleares).