Esta semana han aflorado en la Sala del Supremo donde se juzgan los hechos relacionados con la insurrección catalana, sentimientos de miedo, de rebeldía contra la injusticia, de ansiedad, de orgullo, de sorpresa y de temor ante la amenaza y el agobio.

La versión que se había escuchado hasta ahora era la de los secesionistas y uno tenía la impresión de que lo que se analizaba era el naufragio del operativo policial ante la desobediencia civil. Esta semana han cambiado las tornas y han emergido otras versiones, ahora las de personas que vivieron de cerca los hechos, las de los auténticos testigos.

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El relato secesionista había conseguido hasta ahora enviciar el juicio, dándole la vuelta a la realidad, distorsionando los hechos y los comportamientos de las personas. Ahora parece que se ha empezado a juzgar si el Gobierno catalán, con la ayuda del Parlament y de asociaciones civiles, desobedeció los mandatos judiciales, se saltó la ley y ejerció presión, alentando y promoviendo las movilizaciones, para conseguir la rendición del Estado.

Los testigos ponen ahora en duda la versión dialogante y pacifista de los secesionistas, y esta nueva aproximación a los hechos ha llevado el nerviosismo al banquillo de los acusados y a sus defensas.

Ahora resulta obligado indagar si puede calificarse de alzamiento “violento y público” la conducta de los figurantes.

Y la fluctuación de las sensaciones que dejan los numerosos testimonios en los oyentes (y sin duda en el Tribunal), ponen de manifiesto la impertinencia con la que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein se atrevió a valorar, sin haberlos oído, que no había existido violencia suficiente. Aunque tal vez pesó más en su decisión el posible prejuicio sobre la independencia de los tribunales españoles o sobre el carácter democrático de las leyes de España.

En estos días hemos visto que el ministro del Interior, ausente, escurrió el bulto y descargó su responsabilidad sobre los mandos policiales. Y también hemos oído la respuesta de éstos, que no se hizo esperar: “no estaba sobre el terreno, no sabía cómo era el dispositivo, no lo diseñó, no sabe quién dio las órdenes de cargar, pero sí sabe que él no fue”.

Por el contrario, el secretario de Estado asumió la responsabilidad y defendió a los agentes, “que hicieron un uso legítimo de la fuerza”, y ofreció datos y ejemplos que mostraban que los “mossos” nunca tuvieron intención de colaborar, algo muy distinto de lo que los líderes secesionistas se habían esforzado en corear.

El secretario de Estado asumió la responsabilidad y defendió a los agentes, “que hicieron un uso legítimo de la fuerza”

El delegado del Gobierno, con hechos, fechas y experiencias personales, hizo una declaración valerosa, dejando fuera, en el perchero de los abrigos, la angustia personal y familiar. Sobre la pintada: “Millo, muerte”, un abogado de la defensa le preguntó “¿Sabe usted quién la hizo?” a lo que respondió: “No sé quién la hizo, pero sí quién fue a limpiarla: mi hija”.

El coronel de la Guardia Civil, de paisano, con cartera de ejecutivo de multinacional, de la que no sacó un papel y sin titubeos, puso en apuros el discurso pacifista y dialogante. Este hombre fue designado por el fallecido fiscal de Cataluña, José María Romero de Tejada (hombre bueno y con excelente visión del ‘conflicto’) para coordinar a los tres cuerpos policiales implicados y convocar cuantas reuniones fuesen necesarias con ellos.

Según él mismo dijo, pronto intuyó cuál iba a ser la posición del jefe de los “mossos”. La relación con él siempre fue difícil pues, desde un principio, el major de los “mossos” reaccionó, “reticente y disconforme” con su nombramiento, al entenderlo como una injerencia que venía a establecer una autoridad por encima de él, atribuida a funcionarios de otra administración.

El análisis del coronel, que acumuló experiencia operativa en la lucha antiterrorista, resultaba preciso: “Se diseñó un escenario que conduciría a la inactividad del cuerpo y lo articularon otros colectivos sociales, esos grupos de personas que se establecieron en los colegios para impedir la actuación de los “mossos”, conforme al plan de actuación que ellos habían definido”. Con un remate de pecho: “El major se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir”.

Con un remate de pecho: “El major se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir”.

Con perspicacia, el coordinador lo ha calificado como la historia de una “estafa”, que fue urdida por el jefe de los “mossos” al “aparentar” que la Policía catalana estaba cumpliendo el mandato judicial cuando, en realidad, actuaba en connivencia con el Govern para “facilitar la votación ilegal”, en lugar de impedirla.

En el desarrollo del juicio, han aparecido otros personajes, como la letrada judicial, que tuvo que escapar con los documentos y el acta del registro por una azotea colindante, presa de miedo y ansiedad ante el tumulto (“no saldrán”). Esta mujer, que pidió ocultar su rostro en el Supremo, desmontó la versión del pacifismo de los Jordis, que, sin ser políticos ni policías, jugaron un papel protagonista en aquella concentración y que hicieron uso -en todo momento- de una extraña autoridad de facto  sobre la masa movilizada.

Los dueños del teatro por donde salió la letrada, tuvieron miedo a las represalias secesionistas y, dubitativos, le obligaron a esperar en un camerino y salir más tarde, oculta  entre los miles de manifestantes que rodeaban el edificio.

Los letrados del parlamento catalán, el ex letrado mayor (autor de un libro sobre el proceso) y el secretario general, que solicitó por escrito que sólo se difundiera el audio de su comparecencia testifical (“quiero seguir tomándome un café en el bar al que llevo yendo toda la vida sin que me reconozcan”), han desmontado la versión de la entonces presidenta del Parlament, pues, según ellos, desoyó todas las advertencias expresas que le hicieron sobre la ilegalidad de admitir a trámite las leyes de desconexión y sobre la necesidad de obedecer al Tribunal Constitucional.

Declaraciones adversas para la presidenta sin cuya activa implicación no se hubieran podido tramitar las leyes de ruptura ni dar lectura a la declaración unilateral del independencia.

El práctico del puerto de Palamós, al que un político le echó el muerto de no dejar atracar el Piolin, a pesar de que el barco estaba en buen estado, el mar en calma y los muelles desocupados, se rebeló contra el injusto infundio y mandó una carta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poner la verdad en su sitio.

El ex jefe de inteligencia de la policía autonómica, afónico, se convirtió en un eficaz testigo de cargo para el Ministerio Público, al detallar una reunión de la cúpula de los Mossos para tratar de concienciar a los prebostes del gobierno catalán sobre la temida escalada de violencia en el referéndum. Pero el gran jefe no estaba dispuesto a desconvocar, ya que “un mandato del pueblo nos obliga a llevarlo a cabo”. Un testimonio demoledor.

En todos los casos, la condición humana. Algún desahogado ha querido quitar fuerza al pavor de la secretaria del juzgado, quizás porque él desconoce lo que es el miedo insuperable. Pero lo que, sobre todo, ha emergido con más nervio ha sido la rebeldía contra la injusticia que supone tergiversar hechos notorios. Y este sentimiento resulta insoportable para todos aquellos que se sintieron amenazados o violentados, y que, ahora, tienen todavía que padecer la tenacidad del otro. De ahí, el borbotón nacido en las entrañas de quienes han vivido con ansiedad días muy largos y noches sin dormir.

Distintas maneras de ver, condicionadas por la emoción dominante. Quedará al final el poso de los hechos, que es lo que cuenta. Marchena, ciñéndose a ellos, acierta.

Artículo publicado en Levante, Faro de Vigo, La Nueva España, La Opinión de Málaga y Diario de Mallorca.