Decimosexta jornada del juicio, tras la recortada jornada de ayer.

Jaume Mestre, responsable (y sigue siendo) de Difusión Institucional del Govern. El fiscal Moreno pregunta cuánto cobró la empresa Estudi Dadà por la campaña, el testigo asegura que “no lo recuerda” pero que no llegó a cobrarla. “El director general, Ignasi Genovès, nos comentó que esta factura no se podía pagar. No nos dijeron por qué”. El fiscal ha preguntado si han “perdonado” la factura, y Mestre ha insistido en que “no han reclamado”.

Además del diseño, la Generalitat encargó su difusión a la UTE Kardumen-Nothingad por 97.332 euros. La empresa hizo el trabajo. Pero, como es habitual en las empresas que han hecho encargos para el 1-O, tampoco ha cobrado.

Ha preguntado el fiscal Jaime Moreno: “¿Es frecuente que los proveedores les perdonen cantidades de facturas?”. “No. Los servicios se prestaron y eran debidos por la Generalitat”, ha afirmado Jaume Mestre.

Esta frase puede ser relevante a la hora de examinar el posible delito de malversación que pesa sobre los acusados del juicio del procés.

El testigo ha admitido que la campaña Civisme estaba “dotada más fuertemente que otras campañas”. El fiscal ha preguntado por el anuncio de las vías del tren que se bifurcan. Valorada en 2,7 millones de euros, se adjudicó a Carat, y esta renunció, ha explicado Mestre, “por un tema de reputación para su empresa”. Focus Media, a la que se acudió después, también renunció “por temas económicos”.

Focus, envió un correo electrónico al testigo en el que le comunicaba la decisión de la empresa de renunciar a la campaña “Civisme” por ser una campaña “política”.

Dos versiones contradictorias sobre el anuncio de las vías del tren. Tras la renuncia de Carat y Focus a difundir los anuncios, la Generalitat acudió a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio.

Mestre ha negado que acudiera personalmente a una reunión con la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, para pedirle que difundiera los anuncios. El fiscal ha dicho que, en su declaración, Llorach dijo que fue Mestre quien le hizo el encargo. La contradicción entre ambas versiones es evidente. Pero hay un problema: no se puede contrastar en el juicio ya que Llorach fue citada como testigo, pero se acogió a su derecho a no declarar por estar investigada en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que está con los preparativos del referéndum.

Ha recordado el fiscal: “La CCMA emitió dos facturas al departamento de Presidencia por esta emisión. Mestre: “Oí que había unas facturas pero no las vi”.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, formula una rigurosa advertencia al testigo, que está eludiendo la respuesta a algunas preguntas y tiene obligación de decir verdad.

Ha advertido Marchena “En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir a la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal”. “El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo. Lo único que le pide el tribunal es que se acuerde de que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad”.

Sobre la campaña Civisme, ha preguntado el fiscal Moreno: “¿Al negarse Carat y Focus lo emite la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales?”. “Lo difundió y emitió dos facturas, sí”. “¿Era una campaña de pago?”, ha insistido el ministerio público. “No lo sé, porque no sé por qué se emitió el spot”, sostiene el testigo, que empieza a medir con cuidado sus palabras.

El fiscal Moreno, harto, ha terminado su interrogatorio. “Intereso que la sala deduzca testimonio por delito de falso testimonio al juzgado de guardia”. El juez Marchena ha matizado: “Eso tiene que tomarse en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios, si el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad se podrá deducir testimonio al juzgado de guardia”.

Este juez es el padre de la pedagogía, aunque a los fiscales estas lecciones les deben dar en el rostro.

Al testigo Mestre, ya con la petición expresa del fiscal y la advertencia del tribunal de que puede incurrir en delito de falso testimonio, le ha interrogado la abogada del Estado, Rosa Seoane: “¿Siendo responsable de Difusión no se interesó en saber quién se había encargado de la campaña?”. El testigo ha respondido: “No era mi responsabilidad (…) en todo caso era de la Corporación”.

El abogado Andreu van den Eynde insiste en que la campaña de catalanes en el exterior nada tenía que ver con el 1-O. “¿Sabe qué ventajas tenían los catalanes en el exterior?”, “Recuerdo que había tarjeta sanitaria, carné joven, carnés de biblioteca…” “No es mi responsabilidad las facturas”.

¿Como Marchena le puede agradecer su declaración “Muchas gracias por su testimonio”, cuando el fiscal ha pedido a la Sala que deduzca testimonio por delito de falso testimonio al juzgado de guardia?.

El interés del juicio oral vive por sorpresa una sacudida con la aparición de gente que no se esperaba dijesen lo que dicen.

Albert Royo Mariné, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), el órgano de la Generalitat para promover la acción en el exterior. Según la Fiscalía, el Diplocat actuó como “una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal”, durante el ‘procés’. Funcionario de la Comisión Europea, está investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. No obstante, ha afirmado que va a contestar “a todas las preguntas” y a “esclarecer cualquier duda”.

El testigo Royo ha explicado que Diplocat se rige por derecho público al tener una financiación pública superior al 50%. “Es entre el 85% y el 90%”. Ha diferenciado entre la “diplomacia pública”, que llevan a cabo instituciones como Diplocat, y la diplomacia en sentido estricto que ejercen los Gobiernos. En el pleno de Diplocat, la Generalitat tiene el 50% de los votos, lo que no quiere decir que pueda así dirigir la acción de Diplocat, y el presidente de la Generalitat tiene voto dirimente”.

Ha detallado que: “Diplocat tiene como objetivo dar a conocer los activos de Cataluña. Damos apoyo a toda la sociedad catalana y a sus instituciones. Se trata de ‘un consorcio: mixto y privado’. Su comité está formado por ocho personas, solo dos de ellas pertenecientes al Govern. Lo conforman además más de 40 entidades, entre ellas el FC Barcelona o el Ayuntamiento de Barcelona.

La fiscal Consuelo Madrigal ha recordado que el presidente del Diplocat era el presidente de la Generalitat, que la financiación la aportaba de forma muy mayoritaria el Gobierno catalán y que el Ejecutivo tenía facultad para disolver el órgano. Royo, que había intentado presentar el Diplocat como un órgano multidisciplinar e independiente, está viendo cómo su tesis va perdiendo fuerza.

La fiscal le ha preguntado si: ¿Diplocat tiene participación mayoritaria de la Administración pública catalana?” Y la respuesta de Royo: “Si me pregunta por el voto, sí, aunque en cinco años no hubo ningún voto y todo se aprobaba por consenso. En cuanto a la financiación, había una aportación de la Generalitat que oscila entre el 85-90%, que se completaba con otros miembros del patronato. Contar con patronos es lo que da es prestigio a la institución, que vinculan su propio prestigio al prestigio de Diplocat; es una aportación mucho más importante que la aportación económica que pudieran hacer”.

Royo ha desvinculado a Diplocat de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las llamadas embajadas catalanas. “No éramos un Ministerio de Exteriores ni nada parecido”, ha contestado Royo, sobre una comunicación que recibió de Raül Romeva pidiendo una actuación más estrecha de Diplocat con la Generalitat. “Siempre ha habido una cierta tensión entre Govern y Diplocat, nosotros siempre marcábamos las distancias que era necesario según estatutos, éramos un órgano muy plural”.

El escrito de acusación de la Fiscalía concluye que el Diplocat “contrató a una serie de expertos” para “analizar el contexto político de Cataluña” entre septiembre y octubre de 2017. El objetivo era “dar una apariencia de normalidad a la votación”. La fiscal ha preguntado si Diplocat pagó ‘con tarjeta de crédito algún gasto vinculado a los observadores’. Albert Royo ha respondido: “Nosotros no dimos ningún honorario a observadores internacionales”. El testigo ha explicado que Diplocat recomendó a la Generalitat una entidad para hacer una “observación electoral”, pero que no se llevó a cabo porque no hubo referéndum “pactado” con el Gobierno. La organización envió un presupuesto y hubo un “intercambio de correos” con el entonces consejero de Acción Exterior, Raül Romeva, con el que insiste en desmarcarse: “Hay una confusión en los atestados policiales y en los medios de comunicación. Se mezcla Diplocat con el Departamento de Acción Exterior Exteriores y son cosas distintas”.

La fiscal ha preguntado por un desembolso de cerca de 40.000 euros con la tarjeta de crédito de Diplocat para “vuelos y estancias en hoteles”. Royo ha confirmado el pago, pero asegura que “no fue una observación internacional” y que no tenía que ver, por tanto, con el referéndum del 1-O. “Era un programa de visitantes internacionales, una actividad habitual del Diplocat que hacíamos casi cada mes. Se producían visitas cuando había hechos noticiables. Hicimos una por Sant Jordi, otra en junio de 2017 por la apertura de las fosas de la Guerra Civil…”

La fiscalía ha preguntado por el pago a una empresa británica de 54.030 euros para que Wim Kok, ex primer ministro de los Países Bajos, estuviera en Cataluña durante los días del referéndum ilegal del 1-O. Royo dice que no se logró porque “finalmente optó por otras propuestas profesionales”.

La fiscal Madrigal ha preguntado por la creación de páginas web internacionales por parte de Diplocat, que pagó a una empresa para traducir artículos al inglés y dar acceso a contenidos del diario ‘Ara’. La web, recuerda, se creó en 2014 “con ocasión del proceso participativo”, en alusión a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La fiscal ha preguntado si hubo licitación de ese concurso. Royo admite que no, pero dice que se limitó a seguir los criterios de su equipo técnico. “No había muchas empresas que nos pudieran hacer esos servicios”. El importe total ascendió a unos 89.100 euros. “¿Por qué se hicieron constar desde 2017 como pendientes de pago?”, ha preguntado Consuelo Madrigal. Royo ha afirmado que son asuntos de contabilidad que desconoce y que no sabe cada cuánto se hacían los pagos”.

El testigo ha explicado, con frenesí, que: “Diplocat no estuvo involucrado en ningún referéndum. Nos limitamos a explicar nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional”. Y con indignación, a renglón seguid: “¿Cómo es posible que pueda considerarse irregular una actividad en 2017 cuando no lo era en los años anteriores?”.

A preguntas de la abogada del Estado, Albert Royo ha señalado que “Diplocat no tenía ningún contrato ni abonó servicios a The Hague Centre for Strategic Studies”. Esta entidad, con sede en La Haya, envió observadores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ha dicho que pidió a los expertos internacionales “que se reunieran con el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. Y me consta que pidieron reunirse con el delegado del Gobierno de España”. Ha enmarcado la visita de estos expertos durante los días del referéndum en un “proyecto académico”. Sostiene que la presencia de expertos internacionales buscaba realizar “un análisis sobre las relaciones entre España y Cataluña”.

En respuesta a la acusación popular, Royo ha negado que Diplocat llevara a cabo “acciones de apoyo a la convocatoria” del 1-O. “Organizamos charlas a nivel internacional de la realidad catalana, y nos cuidábamos que hubiera una pluralidad de posiciones”. Ha admitido haber tenido durante sus cinco años como secretario general de Diplocat, “un contacto con la embajada alemana, pero de forma muy puntual”.

El abogado de Raül Romeva, ex consejero de Exteriores de la Generalitat, trata de apuntalar las explicaciones de Royo (el Diplocat nada tenía que ver con la actividad del departamento que dirigía Romeva). Royo ha explicado que, para Diplocat, era “importante contar con diversidad” ideológica y ha asegurado que ha organizado actividades en las que han estado presentes representantes de partidos de todo el espectro político.

El testigo ha negado que la misión pagada por Diplocat en las fechas del referéndum y encabezada por la experta neozelandesa Helena Catt fuera “una misión de observación electoral”. Según él, en este tipo de misiones “se observa si un voto ha sido justo y transparente” y las “organiza y financia una organización que no tiene nada que ver con el territorio donde se vota”. “Suelen ser grandes organizaciones internacionales. Es un proyecto académico de varios meses sobre las relaciones entre Cataluña y España y que no puede validar ningún voto”.

Royo ha añadido que los visitantes internacionales eran en su mayoría “parlamentarios” de otros países. El testigo ha explicado que los gastos de algunos de esos diputados sí se sufragaron, pero los de otros no. Esa explicación contrasta con lo que manifestaba la propia Helena Catt en las fechas del referéndum. Esta, junto a su equipo de 17 observadores, firmó un breve comunicado preliminar el 2 de octubre de 2017 que avalaba el proceso de la consulta: “A pesar de estos hechos (la violencia), ayer (por el domingo 1 de octubre de 2017) vimos un día de votación”. Esta era la única crítica de Catt sobre el referéndum: “Ante la interferencia externa hubo improvisaciones y cambios de último minuto en el proceso de votación que no fueron consistentes en toda Cataluña ni con lo que estaba en la ley o el manual y los detallaremos en nuestro informe definitivo”, pero, según Catt, “vimos repetidamente que quienes trabajaban en los colegios electorales lo hacían de buena fe, y no vimos ningún intento de manipulación”.

Los observadores internacionales Paul Sinning director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya y Helna Catt, responsable de International Election Expert Research Team (esta última es una consultora electoral del Reino Unido que estaba entre diez expertos que recibieron según la investigación del Juzgado número 13 de Barcelona un total de 112.993 euros como honorarios por su labor de observadores) han comunicado al Tribunal Supremo que no podrán acudir a declarar esta tarde. Misterio a descifrar.