En la noche del sábado de una semana vertiginosa, la burguesía catalana se dio cita en Mas de Torrent, una masía del siglo XVIII convertida en hotel -con muchas estrellas, hammam y servicio de bicicletas gratuito- en el corazón del Ampurdán, en un cóctel organizado por Banca Rotschild, para presentar a un centenar de sus clientes la añada del vino que produce con Vega Sicilia.

El ambiente, teñido de preocupación y tristeza, tras el inicio del éxodo de los Bancos y las empresas de cabecera, no invitaba a prolongar el fin de semana en el paraíso y casi todos los invitados regresaron a Barcelona para estar en la manifestación con la que se escenificó el empacho al que está conduciendo la aventura soberanista.

Qué prurito el de los políticos empeñándose en negar la realidad cuando esta es simple, aunque sus causas y efectos sean complejos. Ante la evidencia del traslado exprés del domicilio social del Sabadell y Caixabank, los secesionistas se han descolgado con una entelequia, con aires victoriosos: “Se van a los países catalanes y no a Madrid». Y el vicepresidente del gobierno catalán, quitando importancia al éxodo, lo ha rematado: «la decisión de los bancos es temporal». ¿Qué quiere decir con esta infinidad? ¿O es que, deliberadamente, no quiere decir nada?

Luego pretenden explicar sus quejas sobre la desafección, cuando el problema radica en que son ellos los que evitan dar una explicación sencilla y solvente, de por qué los bancos, primero, y las empresas líderes de sus respectivos sectores, después, se ven obligadas a reaccionar con urgencia a los avisos nerviosos de las Bolsas, el Banco Central Europeo et alii.

Existe un riesgo muy alto de que la UE se vea obligada a aplicar la misma firmeza y estrategia que con Grecia. Hay que tener en cuenta que en la UE dejaron que sufrieran económicamente durante años, precisamente por perseverar en su referéndum unilateral del 2015.

¿Por qué no exponen a las claras que, si se aplicase la “receta griega”, estaríamos asistiendo a los primeros compases de la descapitalización de una región, programada y por etapas (primero el capital financiero y luego el capital industrial) convirtiéndola en un riesgo manejable y neutralizando definitivamente la capacidad de un territorio “impredecible y caprichoso”?

Esto equivale a decir que, cuando aparece un riesgo susceptible de convertirse en sistémico, se trata de impedir que, a largo plazo, se pueda volver a poner en peligro la seguridad europea. Por no hablar del efecto disuasorio para otras regiones de la UE.

Existe un riesgo muy alto de que la UE se vea obligada a aplicar la misma firmeza y estrategia que con Grecia

El “factor griego”, crítico para entender el descrédito europeo a los artificios, supone medir el riesgo de convocar huelgas que paran la actividad económica, detienen las cadenas de montaje, paralizan las ciudades y permiten a milicias populares campar por sus respetos en calles, ateridas de temor y sacudidas por los recuerdos de la historia.

Pero el pánico no se agita ahí, es también empresarial. Es tal la demanda de cambio de domicilio por parte de las sociedades, que el colegio notarial habría elaborado, oficiosamente, un modelo para los notarios que lo soliciten.

Se ha producido la confluencia de dos hechos que sobrecogieron, en distintos momentos, a los ciudadanos más concernidos: el corralito griego y la muerte súbita del Banco Popular, dos espantajos decisivos para entender lo que haya podido pasar esta semana en la sobria penumbra de los despachos de la Diagonal y la calle de Alcalá.

Los mayores factores de riesgo son la retirada de depósitos, por sí sola con capacidad de desestabilizar al conjunto de la economía catalana y también española; el desamparo del BCE, que permite a los bancos que estén dentro de la eurozona financiarse a bajísimos tipos de interés y el encarecimiento del coste de financiación, con un aumento de la prima de riesgo. La semana pasada no hubo más soporte que el Tesoro español (todos los contribuyentes a una para salvar a los Bancos catalanes).

En el caso de Sabadell y Caixa, la plataforma natural para sus operaciones domésticas e internacionales habría sido Madrid. La opción elegida ha sido otra, no exenta de connotaciones conciliatorias, lo que hace suponer que apunta a una solución transitoria. Pero la política tampoco ha dejado de hacer su aparición en esta ocasión.

Han sido los fondos de inversión y la rigidez del BCE, los que han forzado la estampida de compañías que hayan emitido deuda y operen en mercados abiertos, y que se ven obligadas por los fondos, que han invertido en esas entidades, a doblar las garantías. Y dentro de estas, se trata de irse de Cataluña y ponerse a salvo, porque el respaldo del BCE al papel emitido solo es posible si residen en territorio europeo. Parece pues evidente que estas sociedades deberán seguir el camino emprendido por los Bancos, cambiando sus domicilios.

La estabilidad institucional y la seguridad jurídica han sido factores claves para entender la rapidez en la adopción de la decisión, la ejecución y la precisión de la misma. En Europa no están para experimentos insurgentes y los fondos no solo no transigen, sino que presionan sin contemplaciones.

Estamos asistiendo a un ardid, doloso y bien construido, sobre las consecuencias económicas de la independencia, por lo que habrá que exigir responsabilidades por el fraude derivado, pues en el mundo mercantil una información errónea acarrea responsabilidad moral, civil, mercantil y penal.

Y, last but not least, la economía española es la cuarta en la zona euro de la que, por otra parte, los partidos populistas que ocupan escaños en el Parlament catalán quieren migrar.

La siguiente polémica planea ya, en torno a la cuestión domicilio social-domicilio fiscal y aquí también los contribuyentes tienen el derecho a conocer con claridad qué impuestos deberán pagar las entidades migrantes y donde deberán hacerlo.

Estamos asistiendo a un ardid, doloso y bien construido, sobre las consecuencias económicas de la independencia

Para una parte de la opinión, “se trata de intentar parar la sangría de depósitos y continuar pagando el IVA a la Generalitat secesionista. Si alguien se cree que lo hacen por llevar la contraria a la Generalitat se equivoca, lo hacen para mantener el máximo de depósitos no catalanes”.

BBVA y Santander tienen el domicilio social y fiscal fuera de Madrid, donde está el centro real de dirección. Sabadell y Caixa, tienen el domicilio social fuera de Madrid y el fiscal en Barcelona, al menos por ahora, por lo que, si no cambian expresamente su domicilio fiscal, este seguirá donde está. No han explicitado aún sus intenciones, pero en todo caso hay que advertir que el cambio de domicilio social no implica necesariamente el fiscal.

El Gobierno tendrá que medir sus acciones, con extremo cuidado, porque si los partidos soberanistas cometiesen el error de declarar la DUI y la CUP alterase el orden, creando el caos, la Unión Europea podría dar apoyo político firme al 155 y quizás a la siguiente fase, que bien pudiera ser uno de los tres estados (alarma, excepción y sitio) previstos en el articulo 116 de la Constitución.

En el caso de que el Parlament declare unilateralmente la independencia, el Banco Central Europeo negaría la liquidez a las entidades domiciliadas en Catalunya, ya que se produciría un limbo jurídico por ser una salida unilateral de la eurozona, que es como se interpretaría en Frankfurt y Berlín.

Hemos pasado en relativamente poco tiempo de la petición del concierto, como el vasco, al control de las cuentas públicas catalanas y la estampida de empresas que quieren guarecer los intereses de sus accionistas, clientes y depositantes.

Tras la estampida bajo la que subyace el rechazo a la pretensión de “romper la democracia, el Estado de derecho y la convivencia”, Rajoy ha confesado: “Tengo una última obligación, que es acertar, y que probablemente sea lo más difícil de todo”. Y Felipe González ha advertido: “Cataluña está más cerca de perder la autonomía que de lograr la independencia”

La partida empieza mañana y ya no valen excusas. “Tenim molt mala peça al teler”.

Artículo publicado el 9 de octubre de 2017 en La Vanguardia.