Las novedades de la reanudación del juicio son: el anuncio electoral que va a tener, inevitablemente, repercusión en el desarrollo del juicio; la valoración del presidente del Gobierno quien, en TVE manifestó su “respeto a jueces y fiscales, que están haciendo un extraordinario trabajo” y la citación a Rajoy para que declare el 26 de Febrero y a quien hoy, uno de los encausados ha acusado: “cuantas más apelaciones al diálogo hacía la Generalitat, más dura era la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy”.

Estas prisas en concentrar las declaraciones de los políticos, citados como testigos, se justifican para alejar su declaración de la campaña electoral.

El juicio ha continuado hoy con la deposición de Jordi Turull, que ha declarado en castellano aunque mostrando su disconformidad con que el tribunal haya optado por la traducción consecutiva y no simultánea del catalán. Siguiendo el precedente de Forn, ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacia del Estado, no a Vox.

Turull, licenciado en Derecho, es un político profesional, que ha hecho toda su carrera en el aparato de la antigua Convergencia.

Con ocasión de los altercados en la Consejería de Economía tuiteó: “El Estado tiene las alcantarillas, el Tribunal Constitucional, y los fiscales; Cataluña tiene la gente y la democracia; votaremos y ganaremos”. Y hoy en las Salesas, para rebatir el delito de rebelión, ha dicho que no apoya la violencia: “Presentar a la sociedad catalana como violenta es un relato delirante”. Reclamando el pacifismo indepe: “Aunque cuatro esgarrapacristos [desgarramantas] cometan actos de violencia, somos el país de Pau Casals”.

Mientras estuvo en la cárcel ha sido acusado de alzamiento de bienes, por cesión de bienes a su esposa y emprendió una huelga de hambre que le llevó a la enfermería.

Durante las tres horas y media que ha durado la refriega con el fiscal Moreno, Turull se ha rebelado contra las tesis de la acusación: “Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas ni gente militarizada. La gente, sea o no sea independentista, tiene criterio y la palabra resignación no existe en el diccionario político”.

“Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas ni gente militarizada.”

En un interrogatorio áspero, ha empuñado uno de los argumentos a los que nos tiene acostumbrados el independentismo: “Convocar un referéndum, aunque sea declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no es delito”.

Pero, a renglón seguido, no se dan explicaciones sobre la desobediencia a la Justicia, ya que se esconde, en la maleza, el supuesto mandato de los votantes para lograr la secesión, una idea que no tiene en cuenta a los ciudadanos no independentistas y que no ampara el incumplimiento de la ley.

Su línea de defensa ha sido endeble, en la medida en que ha insistido en que se intentó un referéndum pactado hasta el último momento y no lo consiguieron. Pero, aun así se celebró, lo que no hace sino reconocer que la consulta era abiertamente ilegal. No solo no había autorización, sino una expresa prohibición del Tribunal Constitucional. “Pero a pesar de ello llevo, entre los dos ingresos, un año en la cárcel”.

Hay una idea porfiada en la defensa de los encausados: el “equilibrio” entre cumplir el mandato judicial y obedecer lo que los independentistas denominan el “mandato democrático”, teniendo en cuenta que se convocó un referéndum que había sido despenalizado de forma expresa. El ex consejero de Presidencia y delfín de Puigdemont, afirma: “buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias y hacer efectivo un compromiso con los ciudadanos sobre algo que no merece reproche penal”.

En esta sesión se ha empezado a abordar el presunto delito de malversación. Turull, al que se considera uno de los principales responsables de la logística del referéndum, defiende que “no se gastó ni un euro en el referéndum”. Y pone como ejemplo que «la página (creada en 2006 por el referéndum del Estatuto de Cataluña) fue actualizada» para el 1 de octubre porque «ya saben que a los catalanes nos gusta mucho reutilizar».

Y una nota burlona, al sacar a colación, en su defensa, que 25 sentencias del Tribunal Constitucional no han sido cumplidas por el Estado español, ha dicho: “Esto de ponerse el traje de constitucionalista, penalmente, es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del TC. Yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por sus ideas. Ya lo veo”.

Para finalizar, con un reconocimiento en la línea de Forn: “La declaración de independencia era una declaración política (y no real”).

La tarde ha sido para Raül Romeva, ex conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, que solo ha querido responder a su abogado, van den Eynde, el mismo que Junqueras.

Nacido en Madrid, Romeva es un economista y ecologista, doctor en Relaciones Internacionales, aficionado a la natación, que ha trabajado para Naciones Unidos como analista sobre conflictos armados y ha estado vinculado a ONG’s como Oxfam y Greenpeace.

En el renglón chocarrero, cabe evocar su carta denunciando «amenazas militares» contra Cataluña por los vuelos a baja altura que realizaban cazas del Ejército español en algunas comarcas catalanas o la moción para debatir el pisotón de Pepe a Messi.

Tras un largo alegato político sobre el derecho de autodeterminación, “la Constitución Española no tiene ninguna disposición que lo prohíba”, con un discurso idéntico al de Junqueras, se ha autodefinido como “un preso político”, demócrata, republicano y europeísta.

Circunstancialmente independentista, desde 2010, con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut “que rompió el pacto constitucional del 78 y afectó en lo más íntimo a muchos catalanes”.

Erguido ante el tribunal, con su musculatura de Popeye, Romeva ha convertido su defensa de banquillo en una conferencia política en la que ha utilizado, de forma repetida, la fórmula que el Tribunal Supremo de Canadá utilizó para describir las movilizaciones que dieron pie al referéndum de autodeterminación de Quebec.

Romeva ha convertido su defensa de banquillo en una conferencia política

En cuanto a los hechos del 20 de septiembre (el de los destrozos en los vehículos policiales) piedra de toque para las acusaciones, RR que estaba en Madrid, ha afirmado que: “las únicas armas que hubo eran de la Guardia Civil; es pernicioso decir que hubo un alzamiento”. Para concluir diciendo: “Manifestarse no es alzarse, protestar no es un tumulto y opinar no es delito”.

Lo que tratan de demostrar, una y otra vez, los encausados, dentro y fuera de la sala, es que “el peso de la ley no puede imponerse contra el principio de legitimidad democrático. Es necesario negociar políticamente”.

En su intervención final, Romeva ha insistido en ello: “Defender el principio democrático es una responsabilidad y un deber, y quiero lamentar el hecho de que si estamos aquí es porque quienes tenían que hacer política no lo hicieron y les pasaron a ustedes una responsabilidad que les atañe a ellos. Les pido que devuelvan esa carpeta a donde nunca debió haber salido, a la política”.

Hoy ha habido cambio de fiscales. Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han tomado el relevo. Y por primera vez, ha habido tensión. Turull ha mantenido un tono combativo: “Si usted me deja contestar, me gustaría exponer sin que me corte el fiscal”.

Marchena, que ha pedido contención a todos, al fiscal que no interrumpa al acusado y a este, en cinco ocasiones, que no aproveche el interrogatorio para hacer juicios de valor de lo que le parece la acusación “Haga un esfuerzo por no valorar la querella, usted puede “repeler” las preguntas o ‘argumentarlas’ como quiera, pero no formular ‘juicios de valor’ sobre el papel de la Fiscalía”.

Tampoco se ha librado de la reprimenda la abogada del Estado a la que ha reprochado que formule preguntas demasiado extensas y le ha pedido que no repita las que ya han sido formuladas por el fiscal, dando a entender que lleva la causa poco preparada.

La polémica sigue viva sobre si la defensa tiene que ser política, como la llevada a cabo por Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Romeva o la estrictamente técnica del letrado Melero, en representación de Joaquim Forn. Los independentistas pata negra defienden que al tratarse de un juicio por rebelión, si lo que está en juego es el ordenamiento constitucional, entonces lo que se ventila es político.

Y esto tiene que ver con la dialéctica que empieza a emerger en el juicio, el independentismo fraccionado entre un espíritu pragmático y posibilista, con el que se puede hablar, negociar y transar, liderado por Junqueras; y un alma intransigente y doctrinaria, la ex Convergencia sin líder, con la que poco hay que hacer, encabezada por Puigdemont y sus delfines.

La declaración de Rajoy debería ser la más nutritiva de todas, pues todavía no ha pormenorizado sus años de infarto. Los fiscales tienen una buena faena por delante porque la opinión se merece una narrativa detallada de lo que pasó. De ahí, la expectación.