El espacio público de pueblos y ciudades de Cataluña no pertenece a la Generalitat; tampoco a los de “la calle es mía”. Es de todos los ciudadanos, los allí nacidos, los que allí trabajan, los que los visitan y por allí transitan y trasnochan o madrugan, los que allí crean riqueza y los que profesan amor, admiración, cariño o simplemente apego a cada una de sus poblaciones y lugares.

En el arranque de la Liga, los equipos del Barça y Valladolid se han enfrentado en el “estadio de la pulmonía”, sito en el Paseo Zorrilla de la capital pinciana. Un patatal impracticable para la práctica del futbol, algo que resulta innegable y que debería ser inadmisible para todas las partes, con independencia de sus condescendencias. Y ese consenso universal sobre lo que no debe ser, jugar al fútbol con riesgo constante para los jugadores de sufrir una lesión, podría servir para ratificar que el terreno de juego siempre debe estar practicable en las mejores condiciones posibles.

Y de paso, para ratificar que el espacio que no es privado no es del dominio de todos y cada uno de los que lo usan y disfrutan, y que no es admisible obligar a aceptar a todos, sin inmutarse, la conversión de esos espacios en patrimonio de algunos, aun cuando éstos fueran la mayoría.

La batalla desatada a propósito de los símbolos para pedir la liberación de los líderes independentistas encarcelados por el Tribunal Supremo (lazos, adornos y cruces), es un fenómeno inédito, que puede ir a más, en la medida en que el afán de poner y quitar crece de forma exponencial. Es previsible que ese afán, más bien pronto que tarde, desemboque, como empieza a suceder, en pequeñas batallas, que fácilmente serán, si no se pone remedio, preludio de posibles episodios mayores, en la indeseable travesía al enfrentamiento civil.

Y, sin embargo, parece que también es muy generalizado el consenso con respecto a la necesidad de evitar la violencia. Unos, los que los ponen, piensan así porque la violencia daña la causa de la independencia y otros, los que los quitan, porque la confrontación se desarrolla en un territorio hostil.

Hay un elemento nuevo en este rebujo, por ahora de baja intensidad. Y es la irrupción de la Fiscalía, porque cuando el ministerio público salta al terreno de juego y abre diligencias, la posible fronda judicial vendría a ser imparable para las autoridades ejecutivas. Y esas son palabras mayores, sin que haga falta explicitar sus posibles efectos.

A raíz del diktat de la Generalitat, ordenando a su policía detener y sancionar a quienes quiten emblemas independentistas en el espacio público, la denuncia de un particular, manifestando que los policías y sus superiores actuaron de forma “arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología”, ha llevado al Teniente Fiscal de Catalunya a entrar en la controversia, para aclarar hechos e identificar a los Mossos intervinientes.

A partir de ahí, surge la reyerta acostumbrada e interminable. El Palau de la Generalitat exige que Madrid no se inmiscuya en la controversia pues, según el gobierno independentista, la seguridad ciudadana es una “competencia exclusiva” de la Generalitat. Y van más lejos, al extender la soberanía, porque añade que también lo es la “función de autoridad gubernativa”, es decir, la apertura de expedientes o la imposición de sanciones por vulneración de normativas.

Al Ministro del Interior le ha faltado tiempo para replicar que la seguridad pública, de acuerdo a la Constitución, es “competencia exclusiva del Estado”. Es decir, rebatiendo la pretensión según la cual los actos de instalación o retirada de lazos en honor a los ex miembros del Govern en la cárcel o huidos al extranjero, es competencia única de los Mossos.

Lo dice un magistrado con larga hoja de servicios, desde la indiscutible solvencia jurídica, sin duda con el propósito de zanjar la polémica sobre algo tan cardinal como la seguridad.

Habrá, pues, que esperar para ver en qué parará el proceso conciliador con los “cátaros” de la Generalitat, si será inútil y vano o, por el contrario, tras los intentos de desinflamación y apaciguamiento del gobierno, esa contención derivará en algo parecido a una tregua esperanzadora.

La herejía albigense no prosperó, pero mientras duró hubo víctimas, como empieza a haberlas aquí, aunque de momento los daños se limiten a partirle la cara a quien quita lazos, averiándole la nariz.

Lo que claramente y sin discusión es deseable es que no continúe creciendo el enfrentamiento y la división, tan visible ya en la sociedad catalana, por no hablar de la grieta abierta con el resto de España. De este desapego no está resultando nada bueno para ninguna de las partes y habrá que empezar por recuperar el espacio público para todos. Lo contrario sería jugar con fuego.

A algunos de mis dilectos lectores les puede parecer, el mío, un ejercicio de ingenuidad franciscana o lo que es peor, de equidistancia táctica ¡Agua! Ni lo uno ni lo otro, simplemente deseo de armisticio para una guerra inútil como ésta, de la que nada misericordioso puede salir y que sí puede implicar, en cambio, el chispazo de una confrontación mayor.

Las terceras vías quedaron, de momento, en las sangraderas, en beneficio de proclamas agresivas, herederas de la “politique du pire”, el peor de los remedios que le puede aquejar a la Cataluña que no ansía otra cosa que la urgente normalidad.

Espacios públicos entreverados con pasiones privadas, un cóctel de difícil gestión al que hay que buscar algún freno desde la contención, el buen sentido y la aplicación de la ley. En eso estamos, porque el odio tampoco cabe en el espacio público.

Artículo publicado el 30 de agosto de 2018 en La Vanguardia.