(Esta paremia nos advierte que es preferible estar sólo que mal acompañado y señala lo apreciable de la libertad. Así como el buey alcanza a lamerse por todas partes al no estar atado al yugo, quien no sirve a nadie hace su voluntad sin tener que depender de los demás)

Debido a la inexistencia de una ley electoral en Cataluña, los comicios se siguen celebrando con sujeción a una disposición transitoria del Estatuto, que asigna el número de escaños por circunscripciones en función de la población que había en el año 1976.

La consecuencia es que el voto de las zonas rurales, donde arrasa el nacionalismo, tiene más fuerza que en los cinturones urbanos. La inferencia es que los feudos soberanistas, Girona y Lleida, se benefician en detrimento de Barcelona y Tarragona.

Así, llegamos a “Tabarnia”, un mensaje político con cuya ingeniosa línea de razonamiento no puedo estar “de acuerdo”, pero que puede ser un beneficioso aceite de ricino para hiperventilados. El conflicto ha entrado en una fase de extrema gravedad, en manos de unos y otros políticos. Los que carecemos de una terapia para resolver este problema, no aspiramos a convertirnos en albardanes del fenómeno, porque el balón va a seguir rodando.

La argumentación cartesiana de un escritor barcelonés, Fernando Trías de Bes, no ha dejado indiferentes a quienes asisten, desde hace un mes, con curiosidad y sorpresa, a la irrupción febril del fenómeno. Según su autor, una parte importante de catalanes, que habitan en la zona de Cataluña que coincide con la concentración de voto soberanista más tupida, quiere separarse de España. Catalanes de otros territorios, básicamente de las concentraciones urbanas alrededor de Barcelona y Tarragona, en las que se impone mayoritariamente el voto “no soberanista”, no desean esa escisión.

La perpetuación de Pujol durante 23 años se explica fácilmente porque su obra de gobierno y su política pivotó sobre unos pocos principios elementales: rechazo de los aspectos de gestión conflictivos, reproche al Gobierno central, responsable, según él, de todo lo problemático o insuficiente, y un hábil juego con las comarcas. Sabia bien lo que hacía, disminuyendo el valor del voto de los barceloneses, al tiempo que favorecía el peso de los votos rurales.

En los mejores años de su mandato, la cosecha nacionalista ganaba en 35 de las 41 comarcas y la socialista en 6, pero el peso demográfico de estas últimas -concentradas básicamente en el entorno de Barcelona- era más importante que la suma de todas las demás. El sobrepeso de la Cataluña interior le daba la victoria.

La división entre el mundo rural y el urbano -que en el pasado fracturó Cataluña entre carlistas y liberales- parece hoy encarnada en el antagonismo entre quienes desean la independencia y los que se sienten también españoles.

La línea de razonamiento de los rupturistas debería llevarles a concluir que no pueden negarse a reconocer el derecho a separarse de Cataluña, que asistiría a quienes no quieren separarse de España.

La consecuencia es que el voto de las zonas rurales, donde arrasa el nacionalismo, tiene más fuerza que en los cinturones urbanos

Es previsible que el encono entre unos y otros se exacerbe en el momento en que se constituya el parlamento catalán y se instale en el Palau San Jordi el nuevo gobierno de la Generalitat. Ese será el instante escogido por la mayoría independentista para esgrimir que corresponde a la nación catalana en su conjunto, y no a una parte, el ‘derecho a decidir’. Lo que activaría el argumento simétrico de que, al ser España una nación, a ella en su conjunto le correspondería decidir sobre la independencia de Cataluña.

Y en ese momento adquiere toda su fuerza el empleo argumental del espejo: si no puede fragmentarse una unidad territorial existente, es decir, Cataluña, tienen entonces otros derecho a pedir que no se fragmente la unidad territorial de España.

Si la discusión toma otra dirección y se pretende que Barcelona o Tarragona no son nación, nos adentramos en el peliagudo litigio sobre lo que sea la nación en el hipotético “derecho a decidir” de los catalanes que no quieren separarse de España.

En la incipiente Transición, ilustres profesores de Derecho Constitucional se opusieron, sin éxito, “al singular invento del Título VIII de la Constitución y a las chapuzas inconstitucionales incorporadas al Estatuto de Autonomía de 1980”. Disponían de abundante munición para concluir que las fórmulas adoptadas facilitarían un continuado proceso de desaparición paulatina del Estado en Cataluña, pero no fueron oídos por unos políticos, que cuando no conseguían mayoría absoluta, la completaban con los votos de CIU,  comprados con transferencias de competencias y recursos.

El conflicto entre un soberanismo insaciable y la réplica de quienes oponen resistencia, ahora avivada, es una clara muestra de que el tema no va de democracia o derecho a decidir, sino de nacionalismo, segregacionismo y pretensión de superioridad.

El buey suelto bien se lame

Imagen publicada en la cuenta de Twitter @Bcnisnotcat_

Los desequilibrios fiscales y las solidaridades territoriales se dan en todos los espacios políticos, incluida la UE. Si, como parece, la solidaridad territorial dentro de Cataluña no es un problema y sí lo es con el resto de España, lo que en realidad hay es un sentimiento de exclusión y rechazo: la nacionalidad se concreta en decidir con quién no quiero ser solidario.

Y esta actitud empieza a turbar a la izquierda, que vive sumida en un mar de contradicciones, relacionadas con el “derecho a decidir” de Cataluña, olvidando que es un territorio y que los territorios no tienen derechos, algo que la democracia reserva a los ciudadanos. Es un vicio propio del nacionalismo arrogarse la representación del “pueblo”, como si todos pensaran igual. Y no deja de ser un argumento torpe, puesto que, por la misma razón, habría de reconocerse ese derecho a cualquier otra entidad, isla, pueblo o barrio que quiera decidir.

El pretendido ‘derecho a decidir’ no significa apenas nada y la facultad de decidir sobre quién debe gobernarnos sólo conduciría a la fragmentación territorial, si no se tiene claro quién o quiénes y en qué condiciones son titulares de ese derecho, que, por su propia naturaleza, no puede ser individual, pues “el buey suelto bien se lame” y no necesita gobierno.

La posible parcelación de Cataluña sería la desmembración de un espacio político que, “con todos sus defectos, es uno de los más prósperos del mundo”, según defiende Trías de Bes.

A algunos, el obsoleto antifranquismo de la izquierda, les lleva a confundirse y fundirse o, contrarios al gobierno establecido, arrojarse en brazos nacionalistas con el nacionalismo. Pero todos ellos, en su lucha por el poder, tienen un problema: sus votantes son españoles. No está de más señalar que el pensamiento de izquierda ha sido siempre incompatible con el supremacismo, precisamente por el apoyo que éste presta a las diferencias entre los “pueblos”.

La Cataluña costera barcelonesa y tarraconense aportaría el 73% de los ingresos a la Generalitat y solo recibiría el 59% de los gastos

Quienes ignoran esto, han dado ya el primer paso en el camino que conduce a la desigualdad entre los ciudadanos. Y quizás eso pueda explicar los menguantes resultados electorales de algunos partidos que no mejorarán hasta que recuperen sus señas de identidad: igualdad, defensa de los derechos humanos y logro de un sistema económico que priorice a los ciudadanos.

Este sagaz invento es un incómodo espejo que sirve para que los nacionalistas se vean reflejados en su deriva insensata. Pero no sólo eso. En muy poco tiempo, ha pasado a ser la esperanza de catalanes que se niegan a que la Cataluña subsidiada se alce con sus recursos, a que los votos de ésta valgan el doble que los suyos y a que compliquen a Barcelona con su fanatismo. Es la misma lógica nacionalista, pero a la contra.

No tomen estas cifras al pie de la letra pero la Cataluña costera barcelonesa y tarraconense aportaría el 73% de los ingresos a la Generalitat y solo recibiría el 59% de los gastos. Habrá que afinar este cálculo, pero los grandes números no se cuestionan.

Este tipo de argumentación se opone frontalmente a los argumentos técnico jurídicos, que son la base del ordenamiento español, que ahora cuestionan los independentistas, desde la soberanía de la nación catalana. Los juristas ni son ni serán oídos, porque a los defensores de la independencia no les conviene.

Pero las realidades y derechos que se asoman a través de la viciosa tesis de una inevitable ensoñación constituyen una nueva variable de la ecuación, una piedra en el zapato, con la que los secesionistas probablemente no contaban.

El incómodo espejo ha venido, como se dice ahora, para quedarse. Barcelona, que es un mundo aparte y cuyo prestigio en el mundo sigue intacto, tardará en digerir que la Agencia Europea del Medicamento no haya puesto su sede en la ciudad de los prodigios.

Artículo publicado el 11 de enero de 2018 en La Vanguardia.