Tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han frenado la pretensión de excarcelar a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Esgrimen de forma unánime que el dirigente catalán, junto con otros miembros del Ejecutivo, del Parlament y otras instituciones, “se han alzado contra el Estado español, contra la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico”.

Alzamiento contra el Estado (publicado en El Mundo)

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El término alzamiento tiene connotaciones claras en el inconsciente colectivo de los españoles y es la primera vez que públicamente se usa esta denominación para el golpe al Estado dado en Cataluña, del cual se han seguido los encarcelamientos y fugas de los quienes fueron sus protagonistas. Ahora maniobran, amparándose en su elección como diputados, para tratar de sacudirse de encima sus posibles responsabilidades penales.

La resolución del Supremo (“el proyecto político subsiste y el recurrente no lo ha abandonado”) subraya la bilateralidad de la que habla Junqueras, quien se refiere “exclusivamente” a que el Estado pudiera “prestarse a reconocer la independencia”.

La posición de la Fiscalía y la Sala de lo Penal no dejan margen a dudas. Separación de poderes y políticos presos por delitos muy graves y las razones que abonaban la excepcional prisión provisional para quienes todavía no han sido juzgados, siguen plenamente vigentes, con independencia de los avatares políticos.

No hemos escuchado por parte del gobierno español, ni del belga, lamento alguno, crítica explícita, o iniciativa de algún tipo, para contrarrestar este ataque sistemático a la reputación del sistema español

También carece de fundamento que un presidente, cesado en aplicación de un artículo de la Constitución, se revuelva contra esa medida, la impugne, se exilie y, desde un país de la UE, Bélgica, socio en la Unión Europea y aliado en la OTAN, desacredite a otro Estado miembro.

Hizo bien el juez del Supremo al enervar la petición de la euro orden pues se trataba de evitar el riesgo de minimización de los delitos, con la argucia jurídica de que los hechos enjuiciados encajan en distintas figuras delictivas en España y en Bélgica. Pero, a la vez, nos ha puesto en una situación odiosa, porque la pacífica estancia de los fugados en la capital de Europa se traduce, desde hace meses, en denostar desde allí a la democracia española, a sus instituciones y a sus representantes legítimos.

No hemos escuchado por parte del gobierno español, ni del belga, lamento alguno, crítica explícita, o iniciativa de algún tipo, para contrarrestar este ataque sistemático a la reputación del sistema español. Por no hablar del espectáculo diario, más propio de una película del neorrealismo italiano.

Fiscales y jueces se han manifestado sin ambigüedad. Se juzgarán los delitos, se impondrán las penas y se cumplirá el castigo por atentado al Estado de derecho.

Las organizaciones soberanistas, actores esenciales y cooperadores necesarios de la rebeldía, que tienen a sus máximos dirigentes en prisión preventiva, no parece que vayan a cejar en su pulso al Estado. Es la vanguardia del proceso y disponen de una eficaz y bien irrigada organización.

Los partidos separatistas, con cuarteamientos internos aunque con omertà rigurosa, no encuentran la fórmula para discernir quién será finalmente el candidato a presidir la Generalitat

Por su parte, los partidos separatistas, con cuarteamientos internos aunque con omertà rigurosa, no encuentran la fórmula para discernir quién será finalmente el candidato a presidir la Generalitat. Tampoco resulta fácil la tarea, con uno huido y sujeto a arresto si vuelve a casa, y el otro en la cárcel, por la negativa judicial a que recupere su posición política ante el riesgo de reiteración delictiva.

Las redes sociales están calentando las vísperas de la constitución de la Mesa del Parlament y la sesión de investidura con variadas y atrevidas ocurrencias. Entre ellas sobresale la marcha a pie, desde Perpignan a Barcelona, de los prófugos belgas que harían su entrada en el parque de la Ciudadela, amparados en una multitudinaria escolta civil que les llevaría en volandas hasta el Palau del Parlament para su investidura.

Una nube de lazos amarillos trasladaría a las televisiones del mundo la imagen de un pueblo que lucha por su identidad y por la independencia de un Estado opresor. La república catalana. Sin matices, alguno de ellos grueso, como esa mitad de catalanes que no comparte el designio indepe.

Circula en Internet un dazibao ingenioso: “Que miles de catalanes pidan que vuelvan los Jordis y no las empresas, nos describe una sociedad desquiciada y enferma”. Falta otra vez el matiz: la mitad.

Con este panorama no se acaba de entender bien en virtud de qué poderosas razones se ha dado permiso indefinido a miles de policías y guardias civiles acantonados en los barcos en el puerto de Barcelona. Más que nada cuando todavía queda pendiente de zanjar algo tan sustantivo, después de la aplicación del artículo 155, como la constitución de la nueva cámara.

Para variar, ni una palabra al respecto y ninguna audiencia a esa mitad no separatista, obviada siempre, que no tiene la misma voz que los soberanistas. Podría dar la falsa impresión que el gobierno considera que ya no existe riesgo.

El alzamiento contra el Estado y sus afluentes parecen requerir algo más que el silencio como respuesta.

Artículo publicado el 9 de enero de 2018 en El Mundo.